Los senadores Graciela Ortiz y Patricio Martínez tienen y no tienen cuenta de Facebook. Usan las redes sociales exclusivamente para su conveniencia, más no para comunicarse con los ciudadanos en general o con sus correligionarios, en particular. Veamos el caso de la primera: al principio, es decir, antes de las reformas a las telecomunicaciones, lo tenía abierto, y cualquiera podía comentar sus comunicados que aparecían al calce para que en la red se pudiera sopesar lo dicho por la política y las respuestas que provocaba. Pues bien, eso se acabó. Ahora la senadora exclusivamente le concede a su audiencia en redes la opción de compartir sus opiniones, más no de las polémicas o discrepancias que se puedan mantener con ella a través de este moderno instrumento de comunicación. En otras palabras, lo que la senadora le concede a quienes abordan su página es que se conviertan en sus propagandistas, diga lo que diga y como lo diga.

O sea, el Facebook como incontrovertible boletín de prensa, y de paso como jactancia de que está al día con una tecnología que ya no correspondió a su generación, sino que la alcanzó, como a muchos, entrados los años. En realidad, pone en evidencia su carácter antidemocrático, porque una red social utilizada por un político con un alto cargo público, lo que debiera hacer es interactuar con los ciudadanos, pero a eso claro que le tiene miedo. Y por algo será, porque seguro estoy que con las pasadas reforma que tanto propala, valiéndose de la mentira, le prodigaron no pocos denuestos, que seguramente eso de “compartir” es lo único que le gustó, más no la opción de comentar. Bien dicen que la democracia, o su ausencia, se nota más en las pequeñas cosas, y he aquí una muestra.

Patricio Martínez, en cambio, tuvo una muy desatendida cuenta de Facebook abierta… en campaña, cuando fue candidato a senador, lo que catalogué como un premio o pago a sus crímenes. Pero esa página pronto la abandonó y ahora el dormilón tiene una cuenta de Facebook pero privada. O sea, que no está en Facebook, y obviamente ni en el sistema postal, porque a él nadie le escribe, y quien lo hace pierde el tiempo porque su actividad predilecta es estar en sueños, y no precisamente masónicos.

 

Y ahora, la cantaleta de “soy legal”

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Ya se ha convertido en rutina, por tanto hecho que al cobrar cotidianidad pierde eficacia, el ver a los políticos gobernantes en una gran mesa firmando “compromisos”, “acuerdos” y “convenios” de lo que, en última instancia, sería el cumplimiento de sus obligaciones. Ahora se sacaron de la manga un programa que llaman “Soy legal”, que supone que harán un peregrinaje en tiempo extraordinario los funcionarios judiciales para explicar la cultura de la legalidad. Probablemente se convierta en herramienta electoral. Quiero decir, el funcionario judicial como brigadista tricolor. Ojalá niños y jóvenes, y sobre todo padres de familia opositores, afinen tres o cuatro preguntas clave para demostrar que esa cultura de la legalidad puede existir en la teoría, más no en la realidad. Una de ellas pudiera ser: ¿cómo llegó Miguel Salcido a la presidencia del Supremo Tribunal y cómo lo está convirtiendo en una oficina más del cacicazgo, como nunca en la historia?