César Jáuregui: apertura a prueba
La Fiscalía General de Justicia, antigua procuraduría, es permanentemente un agudo dolor de cabeza del gobierno y para la sociedad toda una calamidad, porque los beneficios públicos que se supone debiera prodigar, no llegan estadísticamente ni a una cifra mínimamente aceptable de restauración de daños que provoca la delincuencia.
Los imprevisibles sucesos de año nuevo del tipo de la evasión del CERESO 3 de Ciudad Juárez, provocaron un sobresalto en la administración pública central del gobierno que encabeza María Eugenia Campos Galván. De manera (in) esperada dejó la Secretaría General el abogado César Jáuregui Moreno para ocupar la titularidad de la Fiscalía, deponiendo el cargo Roberto Fierro Duarte, un gris personaje que jamás debió haber sido nombrado, por su inexperiencia, que en muy poco tiempo se puso de manifiesto y que corre a la par de la que caracteriza a Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública.
A César Jáuregui se le allanó el camino para su ratificación congresional, donde obtuvo una mayoría integrada por los votos del PAN, del PRI y sus socios. La fracción parlamentaria de MORENA votó casi de manera unánime en contra, salvo el sufragio de Adriana Terrazas, a un tiempo presidenta postiza de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.
Esa carretera pavimentada para Jáuregui se le dispuso bajo el compromiso político y administrativo de que los penales, centro de la crisis en la coyuntura, ya no estarían en el epicentro de obligaciones y facultades a su cargo, lo que significa controlarle una variable, y nada más.
La variable que es inmodificable y que estará permanentemente fuera de todo control es la actuación del crimen organizado, porque ese, como en la guerra de la pulga, pica aquí y pica allá, de manera sorpresiva y a su conveniencia; y díganlo si no por los sobresaltos que ha tenido que pasar este gobierno de manera recurrente en el irresoluble tema de garantizar la seguridad pública.
El nuevo fiscal –no podría ser de otra manera– ofrece una “política de puertas abiertas”, quizás insinuando que antes estaban cerradas, muy probablemente porque poco podía ofrecer un fiscal que desde el momento mismo de su nombramiento se sabía que carecía de los atributos indispensables para un cargo de esa importancia. Hoy ha regresado a lo que sabe: prácticamente como ujier de la gobernadora.
Pero ya que se habla de puertas abiertas sería conveniente valorar, al menos, dos hechos de significación que se requieren para demostrar tal apertura. El más reciente se llama Cerocahui, y tiene que ver con el crimen de dos sacerdotes, Javier Campos Morales y Joaquin César Mora Salazar, pertenecientes a la Compañía de Jesús, y de un guía de turistas de esa región, Pedro Eliodoro Palma. Aquí el rezago lleva por nombre José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, al que prácticamente ha sido imposible detener en medio año, a pesar de que se dice que efectivos policiacos de todos los órdenes de gobierno, y militares, se han empeñado infructuosamente en su captura.
Las vocerías oficiales han dicho que más de veinte personas han sido detenidas, lo que habla de una razia, más que de un fino trabajo investigativo. También se ha afirmado, sin dar mayores datos, que al prófugo se le han reducido sus capacidades financieras. En fin, explicaciones con las que se cubre la impunidad de un triple crimen que estremeció a la sociedad por su gran impacto, dicho sea sin demérito de otros que no alcanzan la visibilidad.
Esta política de puertas abiertas se podrá evidenciar en los próximos meses, y encuentro este porqué: la poderosa Compañía de Jesús tiene tal cantidad de picaportes que puede abrir puertas desde El Vaticano mismo, en defensa de su ministerio, y además porque no está dispuesta a que se le toque a ninguno de sus integrantes y que eso quede impune. Quiero decir que para este caso las puertas de necesidad estarán abiertas.
No es el caso de la compañía con que cuentan las víctimas de Pedro Eliodoro Palma, pues si bien se le sigue mencionando entre los que fueron asesinados, poco a poco se va viendo una disección que lo excluye, y aprecio que su hijo, prácticamente en solitario, haga modestas manifestaciones públicas en reclamo de justicia.
Se podrán hacer mil distinciones al respecto, pero aquí lo que no está a discusión es el común denominador de víctimas, más allá del poderío fáctico de la pertenencia a organizaciones como la de los jesuitas, que para qué decir, tiene un peso internacional y con sobradas raíces en la Sierra Tarahumara. Aquí estará a prueba la vieja idea de que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.
El otro hecho significativo es mi vieja denuncia penal contra César Duarte, Jaime Herrera y sus cómplices, presentada en septiembre de 2014 y ratificada en 2016. En el primer año reinaba la tiranía, en el segundo recién se inauguraba el gobierno de Javier Corral con un fiscal forjado en la antigua PGR, César Augusto Peniche Espejel. Resultaba explicable que en el gobierno de la tiranía encontramos cerradas las puertas; lamentable que en la segunda sucediera exactamente lo mismo.
En otras palabras, no se nos ha permitido a los abogados de Unión Ciudadana saber el destino de ese expediente, y ahora que se anuncia apertura, ahí estaremos, exigiendo que se le dé consecuencia a la palabra que se acaba de empeñar por el nuevo fiscal a la hora de asumir el cargo.
Aquí sí, hechos son amores y no buenas razones.
