Osiel Torres y la corrupción duartista reavivada por Maru Campos

Cuando se habla en la calle, en el café o en el entorno académico de que el actual gobierno de Maru Campos es una reedición del que desplegó corruptamente César Duarte Jáquez sobre todo el estado, resulta en un murmullo que ha venido creciendo desde septiembre pasado hasta ahora. Ante las evidencias, me inclino a pensar que esos cotilleos, algunos provenientes de los pasillos del poder mismo, y preocupantes cuando se escuchan en boca de viejos panistas, son como una especie de Caballo de Troya que contienen la incipiente inconformidad interna en espera de mejor momento para ser revelado de plano.

En términos de notoriedad, ni falta que hace. Porque el cinismo que desdobla por aquí y por allá la gobernadora de Chihuahua es suficiente para dejar a un lado las conjeturas de sus filias duartistas y aclarar, sobradamente, que esos vínculos no le preocupan.

Por supuesto, guarda algunas de las formas que en la política tradicional equivalen a portar un arma de doble filo: o importan mucho, o no importan nada, aunque esos filos sean igualmente lesivos.

En el fondo –y no tanto– sus actos desdicen el discurso con el que pretende desligarse del duartismo, empezando por el montaje que se prolongó en tribunales durante varios capítulos a lo largo del año pasado, cuyo colofón estuvo completamente en sus manos tras ser electa gobernadora: aprovechó su nuevo estatus para enviar al Poder Judicial, con todo el simbolismo implícito, el mensaje de que ahora ella sería la mandamás; y sólo entonces, la vinculación a proceso que el corralismo le había armado en su contra por delitos de corrupción política, en medio de todo un escándalo mediático, se desvaneció como por arte de magia.

Los dos panistas mantuvieron una guerra que se ha prolongado hasta el día de hoy pero que se ha acentuado en el contexto del retorno de Duarte, vía la cárcel, al estado de Chihuahua. Es notoria la postura maruquista por defenestrar al primero en favor del segundo. O al menos ponerlos al parejo y eventualmente emerger ella misma de manera impoluta, con la consabida apuesta por la desmemoria colectiva, para apuntarse rumbo al 2024.

Todo indica que la aparición de su nombre, como la de muchos otros beneficiados de la política, del periodismo y hasta de la iglesia católica en la llamada “nómina secreta”, dada a conocer en un momento dado por el gobierno corralista, fue apenas la punta de la madeja, y esa será una sombra que Maru Campos no podrá quitarse jamás. Sin embargo, uno por omisión, y la otra por imposición, no han permitido saber más allá, de manera pública, del contenido amplio de esos documentos.

Duartistas al poder

Y mientras Javier Corral y Maru Campos reñían por eso, el primero dotaría de información a los periodistas de Animal Político que, en el libro El Caso Viuda Negra, del cual hablé recientemente en este espacio, delatan la red de corrupción en la que participó el duartismo para desviar 250 millones de pesos del erario, desde la Secretaría de Educación, a las campañas del PRI en el 2016.

Ahí surgen declarantes, reservados o nombrados, como Jaime Herrera Corral, el arquitecto de otra de las tramas financieras, como la del tristemente célebre Banco Unión Progreso, que descubren desde su posición de testigos protegidos el engranaje de la corrupción que, en este caso, se cocinó desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, entonces a cargo de Ricardo Yañez mediante la denominada “Operación Safiro”.

Varios de los que figuran ahí han sido procesados –y ahora gozan de libertad– como derivado de las denuncias y procesos emprendidos por el corralismo. Y de entre todos esos nombres salta, casi de manera discreta, el de Osiel Torres, herencia duartista que ahora, en el gobierno de Maru Campos, ocupa el cargo de subsecretario de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública.

Personaje de bajo perfil hasta ahora, Osiel Torres Molina fue reclutado por Karla Jurado Bafidis precisamente para falsificar la documentación con la que se respaldó artificialmente el pago de bienes y servicios a empresas fantasma, propuestas por Alejandro Gutiérrez, apodado “La Coneja”, para cubrir el desvío de aquellos 250 millones de pesos a la campañas del PRI.

Jurado Bafidis fue nombrada en esa época por Ricardo Yañez como directora de Administración de la Secretaría de Educación y llegó hasta ahí por recomendación de Gerardo Villegas Madriles, entonces director de Administración de la Secretaría de Hacienda y pariente de Duarte.

Toda esta operación fue rápida, comenzó después de junio de 2016, cuando Corral ya era gobernador electo y, según declaraciones de Yañez, tuvo acceso documentos que probaban tales desvíos. Yañez les advirtió en reuniones con Duarte de dicho hallazgo y debido a la premura con que actuaron, se cometieron errores y dejaron rastros de la operación, según cuentan algunos personajes en sus declaraciones a los que los autores del referido libro tuvieron acceso y que, aunque no se dice, claramente se denota que facilitó Javier Corral.

No pensaban que iban a perder las elecciones, agregan. Duarte estaba confiado y, en todo caso, de saberse descubierto, se ampararía en el hecho de que Manlio Fabio Beltrones, presidente del PRI nacional, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, estaban detrás de toda la operación que habían “importado” desde el Estado de México, donde ya les había funcionado en elecciones ocasiones.

El secretario de Educación supuso que sería señalado como el principal operador porque desde su dependencia se tomaría el dinero de los desvíos a varias empresas fantasma. “Los funcionarios duartistas pusieron manos a la obra para ‘empapelar’ los desvíos, esto es, inventar comprobables de los cursos y del supuesto programa informático para la SECyD”, se narra en el libro, y se agrega que la subalterna de Yañez, Karla Jurado Bafidis, “se llevó a su equipo a un personaje cercano, Osiel Torres Molina, con quien había trabajado previamente en el Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL)”. En Educación, Torres Molina se desempeñó como coordinador de Auditoría.

“Cuando llegó Osiel Torres y le informé la situación, me comentó que, cuando él estaba en ICHISAL, supo que también allá estaban pidiendo 250 millones de pesos, pero que no habían accedido. No supimos si eran otros 250 o eran los mismos, pero en esa dependencia también se los estaba requiriendo el gobernador (Duarte)”, dijo Jurado Bafidis en sus declaraciones.

Ella y Osiel Torres pusieron en marcha acciones para simular los llamados “entregables” (comprobantes falsos) de los contratos ficticios. Revela Bafidis:

“Para poder soportar el desvío, Osiel Torres hizo unos libros de trabajo, los cuales se repartieron en las escuelas, recabando la firma; era como un tipo de soporte, se iba a decir que las firmas eran de la participación en los cursos o capacitaciones, pero en realidad eran de que habían recibido el libro que se había mandado a hacer con los temas (que supuestamente se habían impartido). Se buscó la manera de implementar los cursos, pero los maestros ya tienen su calendario escolar muy reducido, el cual no se pudo mover, y menos en fechas finales (del ciclo escolar), por lo que al final no se pudo hacer. Lo único que se logró hacer fueron los folletos para recabar la firma; era imposible hacer las capacitaciones a esos niveles”.

Es decir, Osiel Torres, fue activo en la operación de los desvíos y ahora forma parte del gabinete maruquista. Hoy se asume como un fiscalizador que llegó al área de la Función Pública para acabar con los corruptos y hasta ha interpuesto denuncias contra funcionarios corralistas por omitir, dicen, actuar en 25 denuncias de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado, equivalentes a unos 236 millones de pesos.

Osiel Torres Molina no es el único duartista protegido por el maruquismo. A principios de julio pasado, Nidia Aidín Orpinel Pizarro, a quien se le identifica como cercana al exgobernador César Duarte y quien la impulsó en varios cargos dentro de las fiscalías zona centro y zona sur, fue designada por Maru Campos como encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

No hay, entonces, reparo alguno en que se sepa el pasado de esos funcionarios, cuando la gobernadora misma arrastra consigo una mancha política que por el poder que hoy ostenta, y en buena medida por el “voluntarismo” de la lambisconería prevaleciente en el Poder Judicial, es que ha podido sacudirse, sólo formalmente, las acusaciones por corrupción en su contra.

Porque la higiene política no es, pues, parte de los afanes de esta administración, y en algún momento ese desaseo se querrá estirar hasta el 2024 en forma de candidatura presidencial. Veremos dónde estará la ciudadanía en esos días.