El gobierno de María Eugenia Campos Galván fue derrotado. La titular del Ejecutivo estatal interpuso en agosto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de impedir la distribución de los libros de texto gratuitos. Su decisión de tocar la puerta de la Corte se basó primordialmente en una razón de partido, anteponiendo sus convicciones personales a su responsabilidad pública en materia de educación, cuyas esferas de competencia están trazadas por el artículo tercero de la Constitución.

Políticamente era más que evidente que la controversia no navegaría a un puerto exitoso. En el concierto nacional la discrepancia tenía un peso específico muy pobre, más allá de lo que el debate constitucional podía dar con un fallo de trascendencia nacional, razonablemente nunca esperado en favor de la actora chihuahuense.

Para empezar, la interposición de la controversia fue anticlimática porque dañó el inicio del ciclo escolar, sumando un daño al que ya se agregó, en parte, al causado durante la pandemia, en contra de los intereses de los educandos.

Realmente no se valoró que estaba conjurando demonios que no iba a poder controlar. En términos taurinos, el primer paso lo dio con el pie izquierdo, y ahí está un fallo que contiene una derrota previsible. A partir de ahora lo que se impone es hacer un balance de hechos para ir abriéndole espacio a una conclusión de esta decisión gubernamental.

En primer lugar, hay déficit en materia de justicia, pues si bien la Suprema Corte contribuye a destrabar el problema en este caso, lo hace con argumentos válidos pero netamente procedimentales. Y lo hace sin entrar a deliberar y resolver un problema de fondo que entrañaría que se le ponga un hasta aquí a la desmesura de litigar un caso trascendente, exclusivamente apalancado en las convicciones conservaduristas de una vieja derecha, que no saca de su radar estar en contra de la educación pública, aparte de ser vocería de un sector empresarial excluyente.

Mención aparte, sólo para que no se olvide, merece señalarse que fue Arturo Zaldívar el ministro ponente de la resolución comentada; esto porque, aparte de su lopezobradorismo, es de los que plantea que la justicia constitucional “se debe repensar”, lo que es preocupante por entrañar una herramienta de contrapeso al poder.

Otro aspecto tiene que ver con el comportamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en la entidad cuenta con dos secciones: la 8, que agrupa a trabajadores federales, y la 42, a los estatales. Aquí lo que se observó, más allá de las ambigüedades en los posiciones de defensa de la constitucionalidad dispuesta por el artículo tercero, fue el comportamiento corporativo del magisterio, y cómo pesa ese lastre a la hora de obstruir la deliberación de fondo de temas centrales en materia de educación, que de sobra está decir, son estratégicos para la república.

La corporación siempre se comportó lenta, a la espera dócil de que se movieran las correas del poder político a las que está acostumbrado para actuar. Los de la dirección nacional atentos de la SEP, y los de las secciones locales, a disposición del gobierno panista de Chihuahua. Con un sindicalismo así, que escribe miserias de dependencia inocultables, poco se puede hacer y esperar para batallas de mayor calado. Nunca estará de más subrayar el gran daño que le ha hecho al país este corporativismo, especialmente por estar instalado en una área neurálgica, como lo es la educación y la cultura.

Otros aspecto está en las responsabilidades que se deben fincar a la gobernadora del estado por el gasto oneroso y discrecional por la impresión de miles de “cuadernillos” con los que se pretendía suplir a los libros de texto gratuitos, sabedora de que su controversia no auguraba triunfo alguno.

Aquí el reclamo al Congreso, a la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción debe ser puntual, más cuando en el trayecto de la lucha de la oposición al gobierno, por su malhadada decisión, se exigió la cabeza de la gris secretaria de Educación, Sandra Elena Gutiérrez Fierro, entre otros funcionarios.

Al final, pero no al último, merece una mención la insurgencia autónoma que se desplegó para impugnar al gobierno del estado, y que se extendió por las más importantes regiones del estado. Si dejamos de lado que hubo voces que salieron oportunista o simplemente a defender la decisión del gobierno federal, fue alentador ver que la gente acudió a las calles a defender la educación pública, demostrando de paso que Chihuahua no es simplemente un estado conservador en manos del PAN. Hay una tradición libertaria a valorar y a tener en cuenta.

En el estado de Chihuahua las movilizaciones fueron desiguales, y se destacó la región de Madera, sin demérito de otras, pero también causó extrañeza que en la capital la demostración central no haya culminado a las puertas del Palacio de Gobierno, cuando era el lugar más que indicado.

Por lo pronto, Campos Galvan ha sufrido un revés contundente. Esperamos que sus acompañantes en Aguascalientes y en Coahuila estén en las mismas condiciones.

Algo se movió en Chihuahua.