Myriam Hernández, pieza de utilería de Maru
El escándalo Aras hizo crisis el día de ayer, paralizando el centro de la ciudad, por el bloqueo que realizaron los defraudados.
Aunque el ciudadano común y corriente sufre la molestia por la interrupción de la movilidad, la protesta es justa y además correcta, para reclamarle al gobierno del estado que haga más que la simple palabrería, y el engaño que en los hechos busca que se vaya difuminando el conflicto, en favor de la resignación de quienes un día invirtieron su dinero, pensando que había un estado que vigila a las instituciones financieras, porque se han convertido en una extensión del poder estatal, que esquilma a los usuarios de la banca y la inversión.
La gobernadora continúa el estilo de siempre para tratar los problemas: es inaccesible, y además no está para asuntos que a su juicio son de poca monta. En lugar de atender el día de ayer a los chihuahuenses, se fue a la Ciudad de México a festejar el 4 de julio con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Cree que así se acerca a la candidatura presidencial, y que de Chihuahua se apiade su dios.
Es una actitud que mueve a indignación y que obliga a repensar en alternativas de lucha más efectivas y eficientes.
Pero no terminó ahí el abandono de los manifestantes. Ayer fuimos testigos de algo que aparentemente es novedoso, pero que carga consigo un gravísimo deterioro de las instituciones que integran la división de poderes que dispone la Constitución.
Todo mundo sabe que el caso Aras está en la cancha de los ejecutivos, en este caso, de la intervención que pueda tener la gobernadora y su fiscal. Pero ahora mandaron de apagafuegos a la mismísima presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, quien fue a jugar un rol que de ninguna manera le corresponde, pero, para la lectura de los manifestantes, es una novedad que si antes los atendía el director de Gobernación, ahora baja de su pedestal la máxima representante del Poder Judicial en el estado.
Lea usted lo que les dijo a los manifestantes: “Hemos tomado acciones conjuntas de gobierno, tenemos una comunicación y una coordinación constante. El tema de Aras es un tema que se platica constantemente. Estamos buscando las mejores soluciones”.
Las autoridades jurisdiccionales, se sabe, dictan sentencias. En este caso la presidenta no puede hacer ni eso, por su calidad de cabeza de todo ese Poder Judicial. Pero mucho menos emprender acciones con el gobierno, porque su papel es dirimir los conflictos cuando llegan ante un juez.
La actitud de la presidenta, de prestarse a jugar un papel que no le corresponde, la muestra como una pieza de utilería de Maru Campos, quien así cobra el favor de haberla nombrado.
Volveremos sobre el tema.
