Existe un creciente e inocultable malestar con las fiscalías anticorrupción. Y la de Chihuahua no hace excepción.

Se les reclama que no dan fruto alguno que se compruebe con una estadística de causas penales o fincamiento de responsabilidades a quienes transgredan la ley desde la función pública, para obtener un beneficio, para sí o para otros.

Dicen que las estadísticas no mienten por su vinculación a las matemáticas. En este caso, la afirmación es redondamente verdadera.

Para que esa institución funcione, se necesita una reforma profunda al derecho, la administración de justicia y la cultura del ejercicio del poder. En otras palabras, disponerse a encarar la corrupción, la impunidad y el arraigado patrimonialismo, que convierte a cualquier funcionario en propietario de los bienes que la sociedad pone en sus manos.

En el orden federal, no le ha llegado la hora a Luis Videgaray Caso, jefe de la corrupción peñanietista. A César Duarte se le tiene vinculado a un proceso irrisorio. La “honorabilidad” de Maru Campos se sostiene con alfileres que le pinchó el notario Luis Raúl Flores, que vio pasar documentos, dio fe de los mismos, para luego recular. La relación de todo esto podría abultarse interminablemente.

Pero la hebra se rompe siempre por lo más delgado, y el caso chihuahuense es más que ejemplar. La gobernadora nombró como titular de la Fiscalía Anticorrupción, encargada del despacho, a Nidia Aidín Orpinel Pizarro, una mujer con compromisos inocultables con el gobierno de la tiranía de César Duarte, quien entre 2014 y 2016 fue designada titular de las fiscalías de distrito en la zonas centro sur y sur, y Duarte, rompiendo protocolos, acudió incluso hasta Delicias y Parral para tomarle las respectivas protestas. Es la historia que se describe con la frase “la iglesia en manos de Lutero”.

Así como Corral hizo el nombramiento de Gema Chávez a ese cargo, que dejó vacante por presiones de Maru Campos, la futura titular permanente será la que mejor obedezca consignas a la vieja usanza. En otras palabras, el principal descrédito de estas fiscalías, es su falta de autonomía, y el mecate que las une a una voluntad política, para complementar proyectos de poder político.

De esta manera, la corrupción, y mejor dicho, los corruptos, ni se inmutan. Porque las instituciones que se crean, tienden a ser piezas en el tablero del ajedrez político, y no instrumentos de la sociedad para abatir el cáncer de la corrupción.

Aquí sí que vale la frase, “seguiremos informando”.