AMLO emplaza a Maru por la violencia en la sierra
El deporte favorito de los gobernantes es el ping-pong. La federación le echa la bolita al estado, y el estado a la federación. En medio, triturada, está la población, que ve al estado carente de esa violencia legítima cuyo monopolio puede emplear para garantizar la seguridad pública, ciudadana, de la gente.
Hoy en La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador comentó los sucesos sangrientos en el municipio de Urique, en Cerocahui en concreto, donde fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas a manos de la gavilla de un tal José Noriel Portillo Gil, conocido como “El Chueco”, y por información periodística, integrante de un subgrupo del Cártel de Sinaloa, que ha cobrado fama como Los Salazar.
Pero no se trató de un simple comentario. Fue más allá, mucho más. Dijo que las autoridades locales deben informar y aclarar los hechos, la violencia y la acción permanente del crimen organizado en esa apartada región de Chihuahua.
Afirmó que han actuado prácticamente con la complacencia o convivencia de las autoridades. Para demostrarlo, dijo que El Chueco tiene una orden de aprehensión en su contra, no ejecutada, a pesar de que se movía a la luz del día en el municipio, y que, además, el privilegio de no ser tocados obedecía a componendas de tipo electoral.
El diagnóstico presidencial no es cosa nueva, que no se sepa. Es algo de lo que se tiene noticia de varios años atrás y cuya denuncia ha costado vidas como la de la periodista Miroslava Breach. Y en efecto, el reporte es que no se ha hecho nada o lo suficiente, en particular por la autoridad inmediata del ámbito local.
El gobierno de María Eugenia Campos, que se enfila ya hacia el primer año de ejercicio, propala que durante el quinquenio estuvo abandonada la región e incumplidas las promesas de Javier Corral. Y es cierto, pues los hechos ahí están. Pero cabe preguntarse si no ha transcurrido el tiempo suficiente para que hubieran puesto manos a la obra.
Cargarle todos los sambenitos al pasado es un argumento circunstancial, porque denunciar así las cosas, de alguna manera, es confesar que tampoco se está haciendo nada en el presente, y con las obligaciones constitucionales que tienen en este caso la gobernadora, el fiscal general, y el secretario de Seguridad Pública, todos ellos bajo sospecha de no dar el ancho para la tarea asignada.
Pero, si bien, López Obrador emplaza a Maru para que aclare y actúe, también él debe dar explicaciones, pues la Guardia Nacional sirve para todo y para nada, y esa es su responsabilidad, en este caso, de corregir el rumbo de la estrategia de seguridad, no nada más para la sierra de Chihuahua, sino para el país entero.
Nuestra clase gobernante es diestra en jugar ping-pong. Un día colocan la pelota en el ámbito federal, otra en el estatal, y mientras tanto corre sangre, y se habilitan proyectos de poder, porque en el mismísimo gobierno de López Obrador, las principales figuras andan en escándalos de todo tipo y en campaña por la Presidencia, al igual que Maru sueña con la silla del águila.
Y en este juego perverso, quien pierde es la población, que sabe que el gobierno debe garantizarle la seguridad y ve que no lo está haciendo.
