López Obrador: la voluntad y la alcahuatería
Como balde de agua fría que le cae al preso dentro de una celda, así le ha de haber caído a Duarte la mañanera declaración de López Obrador de que en su caso no se practicará “la alcahuetería”. Con esta afirmación, es dable pensar que por ahora no logrará impedir que lo vinculen a un proceso en el que ya se le dictó la prisión preventiva por el periodo de un año.
Ante la ausencia de un Estado de derecho y un Poder Judicial que obedece a los gobiernos en turno, cualquier cosa se puede esperar. Se supone que hoy tendremos noticias para valorar el curso que tome el escándalo César Duarte, que tiene más aristas que las que circulan a través de los medios.
Tanto Maru Campos como López Obrador, en este caso de corrupción, viven de aparentar, aunque esto luego lo mitiguen con frases pegadoras ante la opinión pública, como esa de “ni perdón, ni olvido”, con la que se arropa la gobernadora para cubrir la desvergüenza de su duartismo. Pero más delicado es el papel jugado por López Obrador y el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.
El primero, porque durante el fragor de la lucha cívica contra la tiranía corruptora de Duarte, vino a Chihuahua a descalificar el esfuerzo ciudadano, con la gastada frase de que “ahí estaban los panistas”. En realidad, López Obrador nunca ha comprendido la lucha anticorrupción en el estado: denostó los esfuerzos que se hicieron en la etapa de Patricio Martínez, como lo hizo después en el caso Duarte.
Si vemos en profundidad esto, lo que ocurre es que el presidente sólo ve justas las causas que él encabeza, en lo que hizo escuela. Fue Javier Corral, a su tiempo, el que siguió su ejemplo, cuando quiso monopolizar una lucha que él no había iniciado y que utilizó y que al final terminó traicionando.
Pero en el caso de López Obrador hay que recapitular que el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 , bien sustentado y demostrado, que incrimina a Duarte, no se ha movido a fondo para obtener que el escándalo Banco Unión Progreso llegue a los tribunales para que se ventile como una causa penal. De alguna manera, ha habido alcahuetería. Tanto al presidente como al fiscal general, en muy diversas ocasiones se le han hecho llegar cartas, telegramas, peticiones de audiencia que no han servido absolutamente para nada.
Parece cumplirse una regla de los poderosos ante la corrupción: vale lo que hace quien mama de la clase política, en desprecio superlativo de las acciones cívicas y ciudadanas.
Todo esto se puede probar cuando así se quiera.