La destrucción de los bosques es ancestral. Hasta hace muy poco tiempo se empezó a cobrar conciencia de las graves consecuencias de su depredación y abundan recomendaciones civiles, incluso políticas públicas en países avanzados, para su protección eficaz.

En México, de una u otra manera, las instancias de poder no han puesto la atención que se requiere. Históricamente, durante el Porfiriato se inició la tala inmoderada de los bosques de coníferas y de maderas preciosas en el trópico.

Chihuahua no ha sido la excepción. Aquí las compañías mineras y las empresas madereras no han tenido conciencia para una explotación racional. Históricamente Bosques de Chihuahua, de la familia Vallina, figura entre las empresas más agresivas, que sólo privilegió sus intereses, nutriendo de materia prima a la empresa Celulosa, Viscosa y Ponderosa, a partir de los años cincuenta del siglo pasado.

Con la explotación de los bosques llegó también el despojo de los campesinos, a quienes muy tardíamente se les hizo justicia.

Una de esas consecuencias nefastas es la serie de incendios forestales en nuestra Sierra Madre. Acontecen porque no hay una protección del bosque, que se traduce en el agotamiento de los recursos hídricos, el daño a la flora y la fauna, y no se evita un mal que tiene una solución racional, que ahí está, pero sin voluntad política y presupuestal.

En la escala federal, este gobierno de López Obrador ha reducido el presupuesto, dañando así los bosques. Eso se ve en la caída financiera que se ha asignado a CONAFOR, siguiendo una política netamente neoliberal, como la que se implantó durante el salinismo, en el que fue desregulada la explotación de los bosques, dando pie a una voracidad nunca vista.

Los gobiernos estatales también han descuidado al bosque, limitados por sus raquíticos presupuestos; pero tampoco muestran una gran voluntad.

Y como dice el refrán, éramos muchos y parió la abuela. Llegó el crimen organizado y se apoderó de los bosques, en primer lugar, realizando tala ilegal y controlando la comercialización, con presiones armadas y homicidios, que han quedado en la impunidad. Cobran derecho de piso, comercializan ilegalmente, a ciencia y paciencia, y evaden la inspección oficial; y cuando se ven en apuros o quieren expresar su poderío, recurren al fuego y queman los bosques. El gobierno sabe que esta es una realidad, pero se abstiene de actuar.

Ponen su cuota, aparentemente pequeña, los irresponsables turistas que prenden sus fogatas sin cumplir las mínimas reglas.

Como no se advierte como algo evidente, la sociedad no ve el grave perjuicio que se está causando. Pero ahí está.