Prensa, poder y gatopardismo en Chihuahua
La relación de la prensa chihuahuense con el poder en turno –no toda, por fortuna–, ha recuperado hoy, con María Eugenia Campos Galván, el estatus de dependencia que mantenía con César Duarte. Una dependencia no sólo informativa sino económica y hasta de tipo asistencial.
Ni siquiera la oposición morenista en el Congreso del Estado ha sido capaz de interpretar la necesidad de contar con un periodismo libre porque, en lugar de contribuir a sacudir la subordinación ominosa de la prensa con las instituciones de gobierno, ha abonado, como lo hizo la semana pasada mediante una propuesta ya fracasada, para que esa viciosa tradición siga vigente.
Javier Corral, al reconocer las inequidades del trato con los medios de información, pretendió al inicio de su quinquenio un cambio sustancial. Pero Corral no supo cómo hacerlo y terminó doblando las manos, aunque de manera selectiva. Durante ese periodo nunca vimos una propuesta seria, aterrizada en la realidad, que generara, cuando menos, equilibrios en la comunicación social desde el gobierno.
Vimos, en cambio, en una repetición del pasado que se pretendía combatir, cómo crecieron ventajosamente unos medios y cómo se hundieron otros ante el reparto publicitario discriminatorio y políticamente maniqueo del gobierno. Corral, periodista de origen, terminó enfrentado con los periodistas. El resto es historia.
Ahora, los diputados de MORENA, que traen buenas migas con los panistas, también lo han hecho mal y en eso han consistido las “críticas” de ambos lados; es decir, de parte de los comunicadores se acusa a la bancada de la Cuatroté de utilitarios y hasta de mediocres, y del lado de los diputados señalando de hipócritas a los periodistas que se indignan por las muertes violentas de sus colegas pero “no se preocupan por las condiciones en que trabajan diariamente aquellos que generan la información”, como escribió el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson en su cuenta de Facebook, tras el descalabro de la iniciativa de su partido.
En específico, y tal vez con la idea de congraciarse con los medios y con la gobernadora que sí entiende esos ajustes, la bancada morenista en el Congreso local llevó al Pleno una propuesta para dotar de vivienda a los periodistas a través de un fondo de 50 millones de pesos.
Lo que respondieron los periodistas es variable, pero al final sus opiniones se funden en la idea de que no son moneda de cambio y de que la propuesta legislativa, en realidad, se quedó corta. O sea, 50 millones de pesos son insuficientes.
Pero ninguno ni otro bando repara en esa falacia informal en la que se omite, tácitamente, a los dueños de los medios, a los patrones que están obligados a responder legalmente por las prestaciones de sus trabajadores, sean reporteros, o no. Se omite el hecho de que son los empleadores los que tienen la responsabilidad de ofrecer un salario, una vivienda, un sistema de salud y un entorno laboral digno a sus empleados. De hecho, durante el duartismo, parte del gremio periodístico gozó de beneficios similares con el habilitamiento de oficinas para sus respectivos grupos. El Estado, eso sí, tiene la obligación de proteger la actividad de los periodistas y garantizar sus derechos y, en estos tiempos, su seguridad para el ejercicio de su desempeño.
Pudiera pensarse que el gremio periodístico es homogéneo, pero no es así. Como tampoco lo es la entrega de dinero a las empresas o a los particulares. Porque hay empresas periodísticas, como las que producen los Diarios y los Heraldos, que reciben cantidades millonarias anualmente, y existen también los medios de un solo hombre, o mujer, que reciben mucho menos, pero que crecieron exponencialmente durante el duartismo y el boom cibernético que posibilitó, con relativa facilidad, el crear un blog o un portal de internet informativo pagado y desde casa, tendencia que aún se prolonga en estos días.
Pero con propuestas como las de MORENA sólo se reproduce, otra vez, el esquema controlador de siempre, tal como lo hicieron Corral, Duarte, sus antecesores y que hoy alimenta muy bien María Eugenia Campos Galván. Poco falta para que a los periodistas se les inscriba en la nómina gubernamental, aunque el chayote ha sido siempre su versión informal.
Los únicos que salen perdiendo en ese falso dilema son los lectores, la ciudadanía de a pie, la que consume cotidianamente los boletines que se transcriben masivamente y que se reproducen acríticamente y sin ningún criterio en los medios, hasta con los mismos errores de ortografía; es la misma audiencia que ha encontrado precariamente, a pesar de la no siempre confiable calidad de sus contenidos, abrevaderos en las redes sociales, a costa del declive de la llamada “prensa de papel” que no vende periódicos pero sí le cobra al gobierno por ellos a través de contratos publicitarios o el crecimiento desmedido de los llamados “avisos judiciales y notariales”
Y he aquí que es donde se encuentra el núcleo de uno de los problemas nodales para las empresas periodísticas. Sólo que, como hemos visto a lo largo de por lo menos una década, algunos medios han encontrado alternativas viables, creativas y justas para hacerse de recursos, mientras que otros, como en Chihuahua, prefieren mantenerse supeditados al flujo del dinero que se les entrega desde las arcas públicas. Porque, de no ser por ese dinero, las grandes cadenas ya hubieran quebrado, tras largos años de números rojos en sus contabilidades.
El acopio de recursos se hace vía publicidad, ciertamente, pero la mayoría de los contratos se firman a cambio, literalmente, de “dar a conocer las actividades” de las instituciones gubernamentales y sus oficinas satélite, como las universidades públicas, principalmente la UACh y la UACJ, cuando la naturaleza misma de los medios es informar sin cobrar, a excepción del producto (periódico, suscripción, etcétera) y la publicidad transparente y sin condiciones. Tales contratos se pueden consultar hoy a través de internet.
La relación de los dueños de los medios y el poder en turno, pues, se ha estimulado añejamente en un bochornoso toma y daca, en el digo que existes pero me pagas que compromete las libertades de uno y otro pero, sobre todo, la amplitud de criterios que impactan en los lectores, destinatario final de una democracia que no puede llamarse tal si la realidad se manipula en los sótanos del gobierno y las redacciones y se refleja en las páginas, impresas o digitales, de los medios de comunicación.
