Esta semana se presentó en el Congreso local una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua en materia judicial con la que se pretende, una vez más, reconfigurar las disposiciones relacionadas con los procedimientos de selección de magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia y para “fortalecer y democratizar los trabajos del Consejo de la Judicatura”.

Aunque la consigna es de palacio, por decirlo coloquialmente, signa la propuesta legislativa Mario Vázquez Robles, el pastor de los diputados panistas del nada independiente Congreso del Estado.

Una pregunta que salta a la vista es porqué, si se va a realizar una reforma integral a la Constitución, hay este apresuramiento por modificar la institucionalidad del Poder Judicial sin esperar a las arduas consultas que se prometieron para una reforma que se pretende “histórica”, desde la óptica del maruquismo.

La respuesta puede no parecer obvia para algunos, pero es sencilla de comprender. En esencia no se está buscando fortalecer la independencia del Poder Judicial, en entredicho ahora como ayer y antier; lo que se busca es lo mismo de siempre: que el gobernador en turno maneje a su gusto al poder que debiera ser garante del Estado de derecho en Chihuahua. Tampoco se trata de una “reforma esencial”.

Lo exhibe la escasa técnica legislativa de la iniciativa que comento, en cuya exposición de motivos escuchamos palabras importantes pero empleadas con un inocultable tufo de demagogia, como el tardío empleo del concepto “estado constitucional de derecho” que brilla por su ausencia en el propósito reformador.

Para decirlo en pocas y llanas palabras, es una iniciativa que pretende, precisamente, fortalecer la dependencia vía garantizar la reelección de los que ahora ocupan los cargos, tanto en las magistraturas que tienen que ver con las tareas jurisdiccionales, que son la mayoría y debieran ser los más importantes, como en los consejeros, que ahora, en la visión de esta iniciativa, ya no dividirían sus tareas en comisiones, como mecanismo para que el manejo vertical –por consigna– sea el más expedito, importando absolutamente nada de propósitos que fortalezcan a un poder tradicionalmente dominado y avasallado por el Ejecutivo.

Esta iniciativa cumple con la vieja conseja que encontramos en la obra de Emilio Rabasa, La Constitución y la dictadura, de que el Poder Ejecutivo engorda nutriéndose de los otros dos poderes tradicionales, el Legislativo y el Judicial. Maru Campos tiene el primero a su merced de manera absoluta; basta escuchar al “tribuno” Vázquez Robles cómo se le llena la boca cuando dice “nuestra gobernadora”, para saber que de independencia el Legislativo tiene de pequeño el mar. Más ahora que el morueco de MORENA, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, está a partir un piñón con los panistas, como se decía antes de los muy acaramelados.

En el Judicial ni qué decir: ahí nadie ofrece resistencia, y la obsequiosidad se demuestra con el dedazo que se dio para imponer a la presidenta actual, que todo se lo debe al Ejecutivo y actuará en consecuencia.

Pero es evidente que no todo está fácil. Recordemos que hay una caterva de magistrados que heredó César Duarte, como el quejumbroso y extemporáneo Gabriel Sepúlveda, y el aparato que está llegando desde el gobierno del estado, todos ellos apoltronados con el concurso de la gobernadora cuando fue silente diputada local y cómplice de la tiranía duartista con la que negoció entonces, al menos, dos lugares en el Tribunal Superior.

La gobernadora seguramente ha delegado en un alto funcionario de su gabinete las relaciones con el Poder Judicial, lo que de ser cierto, como conjeturo que lo es, convertiría en una simple títere a la presidenta el TSJ, Myriam Hernández Acosta. Estos, que serían los problemas fundamentales en la reforma, brillan por su ausencia en la iniciativa del firmón Vázquez Robles.

Dice una frase que prácticamente se ha convertido en cliché, que cuando deseas que algo no se resuelva, integres una comisión. La iniciativa que comento es muy ortodoxa al respecto, y de prosperar, como es previsible, habrá una “comisión especial (que) enviará al Congreso ternas de aspirantes”.

Obviamente que esa comisión especial estará integrada por un representante de la gobernadora, otro del Congreso y uno más del Poder Judicial. Una historia que se repite y que ya ha demostrado que no sirve para nada, salvo para satisfacer ambiciones personales de poder.

El problema no es menor. Se trata de la calidad de la justicia que se nos endilga desde la ambición desmedida por tener el control absoluto del poder. Tendremos que esperar muchos años más para tener un Poder Judicial, ya no digamos de altura, sino simplemente decente.

Mientras tanto, los gremios y barras de abogados duermen, ahora sí, el sueño de los justos.