Como es del dominio público, hace unos días el gobernador republicano, Greg Abbott, ordenó una serie de medidas administrativas para revisar el tráfico de vehículos de carga en la extensa frontera texana con México, que abarca Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lo hizo con apego a sus leyes y por un diferendo con el gobierno de Washington, que tiene que ver con la gran oleada migratoria que ya está en presencia.

Estos hechos ocuparon la atención pública, en particular porque se afectaron las cadenas productivas y el transporte de alimentos perecederos, aparte del gran malestar de los operarios del transporte que tienen que sufrir exuberantes trámites y largas horas de espera.

El gobierno federal se vio sumamente lento en su intervención y con él, primordialmente, la cancillería y las secretarías que tienen que ver con Economía y Hacienda. Ante esa lentitud, los gobiernos fronterizos de México tomaron la delantera y pactaron, en Austin, con su símil texano para resolver, o al menos palear o mitigar el problema, que luego, en estos días, han ido a dar al resto de la basura para los texanos, que persisten en su soberbia y amenazas.

Nuestra Constitución general de la república, en su artículo 117, dispone que los estados “no pueden, en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras”. Es un artículo que no admite interpretación que vaya más allá de la simplemente gramatical.

Pues bien, ese precepto tan importante, que además dispone el reparto de facultades entre los estados de nuestra unión y el gobierno central, fue violentado de manera contundente cuando, con bombo y platillo, los gobernadores fronterizos van a la capital texana y se regodean de un pacto inadmisible, que además debe ser punible porque la Constitución no se debe violar y mucho menos por quienes protestaron cumplirla.

Inició la secuencia de pactos el frívolo gobernador de Nuevo León, y para no quedarse atrás, la chihuahuense María Eugenia Campos Galván. Mientras hacían de las suyas, el gobierno federal prácticamente permanecía inerte. López Obrador dio un posicionamiento tardío sin mayores consecuencias.

En su descargo, los gobernadores dicen que frente a la crisis tuvieron que actuar, pero su actuación no debe ser violentando las leyes supremas; en lugar de haber asistido presurosos a la capital texana, debieron haberse trasladado a la Ciudad de México para que interviniera el Estado mexicano en algo de su estricta competencia y responsabilidad. Pero les ganó el protagonismo. Todos sabemos que Maru se lamenta de no haber sido la primera en pactar con Abbott y haber quedado como segundona frente al neolonés Samuel García.

Hasta aquí lo que tenemos en presencia es una violación grave a la Constitución, junto a un alud de felicitaciones a los gobernadores pactantes, como si hubieran cometido una proeza, cuando lo que hicieron fue violentar las leyes.

Estamos en un país en el que violar la Constitución merece felicitaciones, y eso es altamente preocupante.