Columna

Cuatroté, ahora por el control de la radio y la TV

Casi desapercibido para la mayoría de la gente, tal y como le gusta a los gobiernos autoritarios, un reciente fallo de la Suprema Corte abrirá un boquete a la independencia de los medios informativos que se transmiten por radio y televisión del país, según se desprende de un medio de circulación nacional.

Se trata de un fallo de la Segunda Sala bajo el número 499/2020 relacionado con el inminente control que la Cuatroté pretende ejercer sobre dichos medios para intervenir en el nombramiento de “defensores de la audiencia” y revisar los “códigos de ética” en todas las estaciones de radio y televisión, con el propósito –ese es el oculto argumento principal– de dejar a un lado su autorregulación.

El pretexto para este nuevo tipo de censura, vía la “supervisión” del Estado, es, como ya se sabe, ejercer control sobre los medios e incidir en sus contenidos. Con este fallo, ahora los informativos estarán sujetos a unos códigos de ética que deberán ser dictados por el Estado por conducto del IFT. Ahí, dice el rotativo, y no es difícil imaginarlo, inicia la intervención de la burocracia en los noticiarios porque estos “defensores” en realidad se convertirán en interventores oficiales.

De acuerdo al medio, desempolvaron unos Lineamientos de 2016, de la etapa peñanietista que nunca entraron en vigor y que el Congreso derogó. Tales lineamientos establecen, entre otros aspectos, que se tiene que “diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” y que se tiene que informar con “veracidad”, entendida esta como “exigencia que lo difundido esté respaldado por un ejercicio razonable de investigación y comprobación”. 

Y dicha revisión, junto con sus sanciones, quedará en manos de la burocracia lopezobradorista. Es como cuando Peña Nieto nombró a uno de sus cuates para que le revisara sus cuentas en torno al escándalo de la llamada “Casa Blanca”. Ahora imagine, especula el informativo, a una dependencia de gobierno calificando la veracidad en un noticiero o estudiando si un comunicador separó su opinión de la información. Ahí encontramos una coindicencia de opinión: lo anterior dará margen a excesos y censuras, validación subjetiva de la que ni las mañaneras se salvarían si se le aplicaran filtros de ese calibre. Pero esta claro, se dijo, que el presidente tendrá más influencia que un comunicador a la hora de una evaluación así, para saber si cumplió con separar la información de una opinión.

Ante este nuevo apretón de tuercas contra la libertad de prensa es que se torna apremiante hacer un frente contra el vertiginoso control que el gobierno de López Obrador quiere ejercer –y ejerce ya– sobre instituciones y entidades cada vez menos autónomas y cada vez más al arbitrio de un ultrapresidencialismo. Es cuando uno se pregunta, casi afirmativamente, dónde están los conservadores. La respuesta es fácil: el principal despacha en Palacio Nacional.