He insistido hasta la saciedad que en Chihuahua con Javier Corral hay justicia selectiva. También he dicho que tiene nombre y se llama Jaime Ramón Herrera Corral, el cerebro ejecutor de la corrupción de la tiranía de César Duarte. Se ha convertido este personaje en el beneficiario de un criterio de oportunidad (testigo protegido le dicen en el argot judicial), en una especie de ministro sin cartera en el gobierno actual: es el que analiza y decide de facto en contra de quién ir, cómo emplear la fiscalía de César Peniche y cómo mover el tinglado de los jueces de consigna. 

La lucha contra la corrupción se debe sujetar a los condicionamientos de la ley, y aunque tiene efectos políticos muy importantes y significativos, no puede ser una baraja en manos de los gobernantes para jugar con cartas marcadas y emplearlas para perseguir finalidades que no son en estricto rigor una genuina lucha contra la corrupción. 

El novelista y escritor Arthur Koestler, el excomunista del que abominó el totalitarismo soviético por su novela El cero y el infinito, dijo alguna vez que “no puedes evitar que la gente tenga razón por motivos equivocados”. Con esta cita lo que quiero decir es que hay razones de fondo en lo que se conoce como la acción penal contra los beneficiarios de la llamada “nómina secreta” recientemente revelada por el gobierno del estado, pero los motivos de su ejercicio son muy otros y tienen que ver con las pugnas intrapartidarias que ensombrecen la vida y el funcionamiento de las instituciones del Estado, ubicadas de manera más que distante de la ansiada neutralidad de quienes ocupan la administración pública. 

Hoy vemos cómo la justicia es una espada que se blande como amenaza para crear zozobra, doblegar voluntades, crear miedo, pero jamás para hacer una justicia en el ámbito del Estado de derecho. Es la justicia como facciosidad, aunque haya miga que perseguir con sobradas características penales. 

Javier Corral nunca entendió, no quiso entender o fue un oportunista –o todo a la vez– que la lucha contra la corrupción tiene, para ser creíble y legítima, algunas condicionantes. Él la utilizó para escalar y para ejercitar la venganza, aunque, insisto, haya miga en las acusaciones que se formulan. 

Esto no debe ser. 

A cuentagotas nos estamos enterando de esa nómina secreta y de su ilicitud. Así, hoy se sabe (el que esto escribe estaba enterado de los hechos desde hace mucho) que el alcalde de Juárez con bandera de independiente, de corazón priísta y de repentina simpatía morenista, Armando Cabada, es un delincuente y cómplice del duartismo, y que tuvo que devolver más de cuatro millones que recibió de las manos de la tiranía. También nos enteramos de que Javier Horacio Contreras Orozco, el casi eterno director de El Heraldo de Chihuahua recibió e hizo devolución de una cantidad considerable de millones de pesos que se le entregaron en la ilegalidad absoluta y por la compra/venta de silencios en la prensa. 

En esa circunstancia están la alcaldesa panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el expanista, excandidato de MC y hoy senador de MORENA, Cruz Pérez Cuéllar, quienes son los enemigos de Corral que quiere descarrilar de sus pretensiones de sucederlo en el trono vacío. La diferencia entre los dos primeros y los dos últimos es que aquellos se acogieron a un criterio de oportunidad, y los últimos lo resisten, atrincherados también en las instituciones públicas. Pero son iguales. Este póker de corruptos recibía dinero de César Duarte y quien firmaba los cheques era Jaime Ramón Herrera Corral, el protegido, el apadrinado, el soplón, el traidor que por salvar su pellejo le ratificó a Corral la información que él ya poseía en sus manos desde antes, desde que buscaba el poder de la gubernatura.

Entendamos que los criterios de oportunidad no son otra cosa que la cooperación entre delincuentes en la perspectiva de que se haga justicia. Pero eso no les quita la calidad de delincuentes. 

¿Por qué, –pregunto con énfasis– se ocultan los convenios de Javier Corral con Jaime Ramón Herrera, un delincuente a ojos vistas? También pregunto: ¿ya devolvió este pillo de cuello blanco lo que se robó? 

Si a esto no se le llama justicia selectiva, finalmente pregunto: ¿Qué es?, ¿acaso una mafia panista para seguir depredando a Chihuahua?

No tengo duda: hace tiempo que Jaime Ramón Herrera Corral debiera estar recluido en alguna penitenciaría, de esas que llaman “Centros de Readaptación Social” y que para mí, en este caso, no cumplirían su meta, porque se trata de un personaje incorregible.