La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Laura Rojas, interpuso, en uso de sus facultades expresas, una controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia la que resuelva el papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, cuestionando el reciente decreto de Andrés Manuel López Obrador que las incorpora en esa materia. 

El fundamento de esa acción se basa en una disposición legal que dota a la presidencia legislativa de que por sí misma, esta dice que: “podrá… en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, como lo dispone el artículo 23, numeral 1, inciso I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los periodos de receso”.

La presidenta, también conforme a la ley, ostenta ese cargo para lo cual no es obstáculo que forme parte de la bancada del Partido Acción Nacional. El tema no es su procedencia partidaria, sino sus facultades previstas en la ley, y eso es lo que debe de importar en un Estado de derecho. No está actuando de manera arbitraria, aún cuando damos por sabido que su partido es una minoría en la Cámara de Diputados. 

Si se procede conforme al derecho, y no hay razón alguna para que no sea así, será la Suprema Corte la que revise el tema, tan delicado en un país presa de la inseguridad y de la negligencia de varios gobiernos que no han edificado las instituciones civiles tan necesarias para combatir al crimen a través de brazos no militares. 

El debate está abierto y ojalá el tema se delibere a fondo por los ministros de la Corte, que podrán decir la última palabra al respecto. 

Llama la atención que gente ligada históricamente a la izquierda mexicana, como Pablo Gómez Álvarez, salga en defensa del gobierno, favoreciendo la militarización, cuando se esperaría lo contrario.