Febrero de 2007
Coordinador: Jorge Rodas
Grupo Parlamentario del PRD
Chihuahua. 36 pp.
Una sociedad democrática moderna se sustenta en la vigencia de los derechos humanos tales como: la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, opinión y la de asociación; así como en el respeto pleno a las personas en situación de diferencia social por su condición de género, pluralidad cultural, étnica, orientaciones sexuales, apariencia física, discapacidad o estado de salud, entre otras. En nuestro país ningún grupo puede imponer sus creencias y prejuicios por encima de los principios constitucionales que norman la convivencia social.
En ese sentido, un proyecto de ley debe estar acorde con los cambios socioculturales ocurridos a fines del siglo pasado y principios de éste a nivel mundial y nacional. El Estado, sus instituciones y sus leyes tienen que adecuarse a las nuevas formas de relaciones familiares y de convivencia, independientemente de los lazos de parentesco que unan a las personas.
En México ya se aprobaron leyes para regular la normatividad de las sociedades de convivencia y las sociedades de solidaridad en dos estados: el Distrito Federal y Coahuila, por lo que consideramos que la iniciativa que se presenta responde a esa exigencia social de legislar la convivencia de aquellas personas que en los hechos ya han decidido formar un hogar común, independientemente de sus lazos de parentesco. En nuestro estado ha habido reformas legislativas importantes en lo que va de este siglo como las reformas al código civil en materia de violencia intrafamiliar en 2001, la reciente reforma Procesal Penal Integral, y de suma importancia la tipificación de la discriminación como delito en el flamante Código Penal, entre otras, por lo que consideramos que nuestro estado no se puede quedar rezagado en esta materia de reconocer esos cambios legislativos necesarios para la convivencia social y comunitaria.