Una propuesta de reforma electoral democrática e incluyente

Desde finales de los años setenta, con la reforma política operada por Jesús Reyes Heroles en el sexenio del presidente José López Portillo, todos los cambios fundamentales en esta materia fueron producto de consensos entre las diversas fuerzas políticas del país.

Está en puerta la reforma que preconiza la presidenta Claudia Sheinbaum y será la primera que se dicta desde las alturas del poder sin consulta alguna entre los ciudadanos, y mucho menos entre las organizaciones políticas, no todas de índole partidaria. Se impondrá desde la cúpula del poder y con la complacencia del Legislativo.

Este viraje es una pieza más en la autoritaria consolidación de un régimen divorciado del sentido democrático y de la construcción de consensos para establecer las reglas en torno a la competencia por el poder.

En esta coyuntura, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática ha dado a conocer, desde el pasado 13 de julio, la consigna de que la reforma electoral debe ser de consenso, incluyente y para la democracia. (Aquí proporcionamos el link del documento íntegro).

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Las propuestas están puntualizadas en estos aspectos:

En primer lugar, creemos que toda reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral. Las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores políticos (partidos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general) deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular. Por eso, este tipo de reglas exige de la aceptación de todos aquellos que van a someterse a sus condiciones y modalidades. De ello depende la legitimidad de los representantes y gobernantes electos.

Como lo enseña la propia historia de nuestra democratización, el consenso en torno a las reglas electorales es indispensable para todos los actores y especialmente para quienes resultan ganadores de los comicios. Las últimas cuatro reformas electorales -desde 1994- fueron el resultado de grandes acuerdos y compromisos entre los partidos y los gobiernos. Ignorar la historia, abriría la puerta a que las reglas electorales ya no sean el fundamento de las soluciones sino parte del problema, fuente de impugnación y litigio, que acaban siempre en erosionar la legitimidad, incluso, de quienes triunfan y en afectar la estabilidad política de las comunidades en el país.

En segundo lugar, diseñar un sistema que nos acerque por fin al ideal democrático y representativo: tanto porcentaje de la votación, tantos escaños en el Congreso, lo mismo en la Cámara de Diputados, en la de Senadores como en los Congresos locales.  
Insistimos: una condición esencial del carácter democrático de la representación política, es que el peso electoral de cada partido coincida con el peso que tiene en los órganos legislativos.

La representación proporcional ha sido la columna vertebral del proceso de democratización de México con su introducción en el año de 1977 y muy especialmente, una demanda permanente y subrayada, siempre, por la izquierda. En reivindicación de esa tradición democrática, creemos que toda reforma electoral debe procurar disminuir lo más posible los fenómenos de sobre y subrepresentación que constituyen una distorsión de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En concreto, nos pronunciamos por aumentar el número de diputaciones electas por el sistema de representación proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por ciento respecto de las diputaciones electas por el sistema de mayoría relativa. En otras palabras: 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional. 

Por su parte, proponemos que todos los integrantes del Senado de la República sean elegidos a través de un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales. De este modo, se elegirían a cuatro senadores en cada entidad federativa de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición a través del sistema de cociente de distribución y resto mayor.

En tercer lugar, garantizar la autonomía de las autoridades electorales, así como la profesionalización de las mismas.

El consenso de todos los actores políticos en torno a quienes serán los responsables de organizar las elecciones es fundamental como condición de integridad democrática. Por eso su nombramiento debe hacer prevalecer, además de las capacidades técnicas de quienes integren el Consejo General del INE, el reconocimiento y confianza de origen del conjunto de partidos políticos, protagonistas centrales de las contiendas electorales.

Para ello y dadas las condiciones actuales resulta indispensable: 

que dicho nombramiento recaiga en el Senado y no ya en la Cámara baja, dada la distorsión en la representación que hoy existe en la Cámara de Diputados. Un tipo de nombramiento tal como ocurre con el resto de los titulares de los órganos constitucionales autónomos y, 
que el porcentaje requerido para hacer esas designaciones se eleve a una votación calificada de 3/4 de los miembros presentes en la Cámara Alta. Ello exigiría la construcción de consensos amplios entre todas las fuerzas políticas presentes en ese órgano.

Adicionalmente, garantizar la subsistencia y fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, que constituye la columna vertebral de las capacidades organizativas del INE, como un servicio civil de carrera centrado en concursos de ingreso y promoción en rango tanto abiertos como cerrados, así como en la capacitación permanente y en la evaluación periódica de sus miembros. Cualquier intento de socavar, reducir o eliminar dicho Servicio impactaría directamente en la calidad de nuestros procesos electorales. 

En cuanto a las magistraturas del Tribunal Electoral y vista la experiencia reciente, creemos, que es obligado establecer su designación con un umbral de 75 por ciento de los votos en el Senado, abriendo la participación y propuesta a las universidades, los colegios y las barras de abogados del país.

El principio político es el mismo: es a la mayoría, a los triunfadores de cada elección, a quienes conviene aun más el trabajo imparcial y eficaz de las autoridades electorales. 

Y finalmente, estamos convencidos de que el financiamiento público también debe distribuirse con la misma razón equitativa: la mitad de la bolsa en consonancia con la votación de cada partido, la otra mitad, de modo igualitario.

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Entre los firmantes de esta propuesta figuran tres expresidentes del Instituto Nacional Electoral y varios exconsejeros y un grueso grupo de intelectuales y académicos mexicanos.

Ya la presidenta Sheinbaum ha descalificado esta propuesta. El Congreso de la Unión es una simple