Cuando un gobierno ofrece una recompensa millonaria por un delincuente, en realidad está confesando su máxima debilidad, por no decir su claudicación.
Tiene varias lecturas la determinación de Maru Campos, y su fracasado fiscal general, Roberto Fierro Duarte, de ofrecer 5 millones de pesos en estos términos: la primera, y a mi juicio, más importante, que en ausencia de políticas soportadas en inteligencia, pretende convertir a la población en la policía que no tiene, una ciudadanía de soplones.
Por otra parte, no estarían muy dispuestos a colaborar porque en los pueblos pequeños todo se sabe y siempre están presentes las represalias que pueden involucrar a toda una cadena de familiares y conocidos, sobre los cuales puede caer la venganza.
No sólo eso. La recompensa es una treta para aparentar que se está trabajando, que “se hacen cosas”, como suelen decir. Pero en sí misma, y como está redactada, prácticamente es ineficaz, porque ese “hasta” no se sabe a juicio de quién quedará, lo que permite sostener que un chisme puede valer cien pesos y una traición de los propios cómplices “hasta” 5 millones, sujetos a la condición de que, “directamente” den con el criminal.
La recompensa, más allá de las críticas formuladas, es improvisada y demuestra poco o nulo talento de quien la redactó, y a final de cuentas, de quienes la firman.
Supongamos un caso hipotético: el compañero más cercano de El Chueco, cansado ya de andar a salto de mata, decide traicionarlo, ofrece los datos suficientes, y la detención se produce. Entonces, quedaría la obligación del estado de premiar a un delincuente, que seguramente participó en los hechos por los que se le busca, o en otros similares.
El colofón de este comentario es que a falta de una real política de seguridad pública o persecución de los delitos, los poderosos se cubren mediáticamente para mostrarse preocupados por los acontecimientos, cuando bien miradas las cosas, se ve que no atinan, porque no tienen una carta de navegación para resolver los problemas que les obligan las leyes.