En estos momentos se ha convertido en una prioridad de la seguridad pública cuidar a los candidatos en campaña. Ejército, Guardia Nacional, policías estatales y municipales tendrán que retirarse de tareas de primer orden en favor de la comunidad, para dedicarse al cuidado de la integridad de los aspirantes a puestos públicos.
Como ya es costumbre, juegan al ping-pong, y el gobierno federal responsabiliza a los estados, y algunos gobernadores repelen la instrucción señalando que es tarea de la federación.
Para esto no toman en cuenta que el cúmulo de elecciones va de lo más elevado de lo federal, pasando por la elección de gobernadores, hasta los ayuntamientos, lo que quiere decir que, con apego a la ley, a todos los niveles de gobierno corresponde la seguridad de los candidatos.
Fue nota de coyuntura la carta de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con la que pretendió “instruir” a los gobernadores para que atiendan esa tarea. Los mandatarios morenistas obviamente lo recibieron como una orden, los de Acción Nacional criticaron que les asignen tareas que no les corresponde.
Y es que en el fondo se han convertido en altamente peligrosas las campañas políticas, como está sucediendo, porque ya hay muertos, y se piensa que habrá más; pero todo mundo le saca al bulto de lo que viene el día después, cuando llegan los reclamos de desatención y competencia, más delicada cuando es por razones partidarias, como ocurrió en Guanajuato –región panista– donde asesinaron a una candidata de MORENA.
Y porqué no decirlo, para María Eugenia Campos sería totalmente paradójico y no deseado responder por la seguridad de Javier Corral.
Por eso he dicho que, dada la banalidad en la que se encuentran buena parte de las campañas, lo más atinado sería recluir a los candidatos en casas de cuidado diario electoral.