Reforma judicial: el desaseo constante
Los aprietos en que ha metido a la administración de la presidenta Sheinbaum –y a todo el país– la decisión heredada por López Obrador de “reformar” al Poder Judicial, mantiene altibajos a punto de desbordar la intención misma de llevar a cabo una elección de jueces y magistrados, ya no digamos transparente, sino con suficiencia de recursos éticos y con algo de verosimilitud entre la población. Y utilizo la palabra “algo” porque la credibilidad nunca ha sido admisible desde que la supuesta vena del cambio quedó en entredicho desde un inicio y expuesta como el acto autoritario que es.
El capricho lopezobradorista le ha sacado ronchas a la cachorra de su falsa revolución, y aunque todo mundo –los que están en la nómina– aplaude los vientos que corren en favor de esa imposición, lo cierto es que no pocos morenistas empiezan a dar de sí ante tantos vaivenes.
Esos devaneos podrían costarle, al menos en terrenos maruquistas, un alto porcentaje de abstención. Quienes acostumbran a hacer pronósticos políticos de ese nivel, especulan con estimaciones de que en Chihuahua apenas habrá un 3 por ciento de ciudadanos en edad de votar que acudan con singular alegría a emitir su sufragio en cinco meses.
La más reciente decisión del Tribunal Electoral de desarmar al llamado Comité de Evaluación del Poder Judicial para que sea la Mesa Directiva del Senado la encargada de definir los candidatos, contradice lo establecido en la propia reforma y, según integrantes de ese comité prácticamente disuelto, ello “abona a la pérdida del Estado de derecho y la democracia”.
La contradicción consiste en que el TEPJF, sin tener facultades, hace a un lado al Poder Judicial, uno de los tres poderes que según la reforma allegaría candidaturas al INE a la boleta y pone prácticamente en las garras del Senado, de mayoría morenista, el zarpazo selectivo.
Días atrás, el TEPJF abrió un oficio por “incumplimiento de sentencia” al Comité de Evaluación del PJF, ante su negativa de acatar la resolución de la sala Superior del TEPJF para que reanudara los trabajos del proceso de elección de magistrados, ministros y jueces, alegando que suspendieron sus labores en cumplimiento del amparo y las medidas cautelares giradas por el juez primero de distrito en Michoacán.
Y aunque hubo amenazas de amonestaciones y penalidades de cárcel, el Comité sin embargo, por orden del TEPJF, será relevado por el Senado para la evaluación de aspirantes a jueces, rompiendo, según expertos, sus propias facultades.
Precisamente la destrucción del Estado de derecho, que está ocurriendo, en cuyo contexto se inscribe la decisión más reciente del TEPJ, es apenas un capítulo más en este desacreditado proceso. Lo que suceda después podría estar en manos de la ciudadanía organizada.
