Dentro de diez días se cumplirá el plazo que el gobierno de Maru Campos le puso a los concesionarios del transporte urbano de la ciudad de Chihuahua, para dar un paso a la modernización.
Son varias las opciones que tienen concesionadas los prestadores del servicio, y solo una la sanción para el caso de que incumplan: se les cancelarían los permisos que han usufructuado para mantener un monopolio lesivo a la comunidad, porque significa una rémora para la movilidad social digna que requiere el desarrollo urbano, de por sí complejo y plagado de muchas lacras.
Estaremos en espera del desenlace para valorar un aspecto de la gobernabilidad muy importante que tiene que ver con la vieja corporación que inexplicablemente aún detenta el negocio del transporte urbano. La amenaza fundamental es que si incumplen les cancelarán oficialmente las concesiones.
Es muy difícil que se actualice esta hipótesis, porque los camioneros, es decir la mafia que los administra, son poderosos y tienen el recurso del paro que haría tambalear a los gobernantes de Chihuahua. Maru lo sabe y no tiene, dentro de su gabinete, figuras con la sagacidad y la pericia para encarar una crisis de esa magnitud.
En todo esto lo que brilla por su ausencia es un proyecto de estado que haga del municipio la palanca para prestar el servicio, digno y eficiente, que requiere una urbe que mueve diariamente a miles de personas en actividades de todo orden, principalmente la que tiene que ver con el mundo laboral.
En este desafío, salvo que la historia me desmienta, la que quedará mal ante la comunidad será la gobernadora, porque fácilmente la pueden poner de rodillas. Así suceden las cosas cuando la interlocución se da solo con las corporaciones frente a un mundo ciudadano y de usuarios a los que se les ha puesto en la ausencia deliberadamente.
Esperemos.