Cobijado por la práctica de las encuestas, MORENA decidió que Cruz Pérez Cuéllar sea uno de sus candidatos al Senado de la República el próximo año. Siempre he sostenido que los partidos tienen el privilegio, en última instancia, de decidir quiénes los representan, pero también me hago cargo de que siendo estas organizaciones ingredientes clave de régimen político, tienen la característica constitucional de ser entes públicos y por tanto están bajo la mirada obligada de los ciudadanos, que probablemente no puedan modificar nada, pero sí, sin claudicaciones, ejercer la crítica tan pertinente como en este caso.

Cruz Pérez Cuéllar es polvo de los lodos de 2006, cuando se impuso, contra viento y marea, la candidatura del priísta-patricista Víctor Manuel Anchondo Paredes al mismo cargo, por el PRD. Entonces yo estaba afiliado a ese partido, era su diputado al Congreso del Estado y me opuse rotundamente a ese designio centralista. Al final no hubo poder humano que moviera las cosas: Andrés Manuel López Obrador, el inefable Leonel Cota Martínez, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Camacho Solís, los Chuchos se atravesaron como poderoso muro de hormigón armado y no nos dejaron pasar a los disidentes. Fue así como Anchondo Paredes y también Víctor Quintana Silveyra, hicieron campaña de la mano.

Aunque nunca se han publicado las incidencias, aquel año padecimos la arrogancia de Camacho Solís, que frente a los argumentos opositores repetía como disco rayado: “Anchondo fue secretario general de gobierno”; y nosotros insistíamos: “se cuelga de la candidatura, busca impunidad y no aportará votos”. La historia nos dio la razón y ese malestar persistió hasta que un puñado de perredistas decidimos abandonar el partido, porque sus traiciones ya eran demasiadas y la vida interna un lastre insoportable.

Conviene recapitular el evento y me van a perdonar que reproduzca una declaración mía de aquel año, publicada por la revista Proceso: “Anchondo fue parte de un gobierno cruzado por el crimen organizado, represor, pues sus agentes y funcionarios se vieron implicados en actos de tortura y homicidio en la persecución de los homicidios de mujeres y en casos de corrupción política, ya que la Notaría Pública de Anchondo participó en las operaciones de adquisición inmobiliaria de Patricio Martínez…”. Por esto y más razones tratamos de que hubiera justicia, vía juicio político, lo que se malogró. Pero desde entonces hemos visto cómo “la razón de partido” se impone por encima de la calidad pública de los mismos y, sobre todo, aplastando a sus militantes a quienes se les reduce a siervos en franco regateo de su calidad de ciudadanos.

La historia se conoce públicamente: no habían pasado ni veinticuatro horas de la elección presidencial del 2006 cuando Anchondo declaró, sin rubor alguno, que para él el proceso había terminado y se retiraba plácidamente a su notaría, a sus negocios, oficina de la que salió después para reintegrarse al PRI y recientemente adherirse al duartista Serrano en el 2016. Quiero decir que en estas decisiones no pesan las historias personales, las trayectorias; parece que el vehículo a la “gloria” política obedece a las “limpias” que practica un sumo sacerdote.

Quien quiera enterarse más de lo que aquí escribo, les recomiendo el estupendo libro La victoria que no fue. López Obrador: entre la guerra sucia y la soberbia de los periodistas Óscar Camacho y Alejando Almazán, dado a la prestigiosa editorial Grijalbo y que vio la luz en octubre de 2006. No está de más, de todas maneras, recordar una de las conclusiones que explican la derrota y que ambos periodistas documentan así: fue el desprestigio que se produjo por las candidaturas senatoriales vinculadas al PRI, las que contribuyeron al percance. La moraleja, hoy, se rechaza de manera pertinaz.

Cruz Pérez Cuéllar, encuesta en mano, camina hacia su candidatura; probablemente como en el caso que me ocupa ya nada lo detendrá. Pero conviene recapitular algunas notas de su biografía: su ideología estructural es de derecha, su oportunismo partidario de antología, su trayectoria está manchada por compromisos pragmáticos divorciados de la ética, en diversos momentos de su carrera. Es aficionado al fraude electoral, es de los que llevaron al PAN a profesar el realismo sin ribetes que hoy domina la escena nacional.

Abundo, por encima de todo, están sus compromisos con la tiranía duartista, a la que sirvió como candidato títere a gobernador en 2016. Tiene compromisos ilícitos tangibles y comprobables. En MORENA no se dan cuenta de que más tarde o más temprano, por decir algo allá por abril o mayo del año entrante, el virtual candidato, ya envestido formalmente, podrá estar durmiendo en el penal de Aquiles Serdán, con pruebas consistentes.

De poco valdrá entonces gritar que eso es represión política porque –también hay que decirlo– mezclado con la legalidad va una historia de traiciones, desencuentros y administración política del ejercicio de la acción penal, en este caso operados por su compadre Javier Corral Jurado, hoy mandón de Chihuahua y apoderado del Poder Judicial. Poco importará decir que el compadrazgo terminó, porque para ellos ese vínculo es celeste y se firmó ante una pila bautismal.

Al final del día, sostengo que cada partido corre sus riesgos al postular a quien les venga en gana. Será responsabilidad de los ciudadanos apoyarlos o rechazarlos. Y en esto poco importan los cambios de casaca y los de la propia piel con más razón. Un profundo mal recorre a MORENA en Chihuahua. Ojalá y recuerden que ahora se trata de polvos de aquellos lodos.