Paraguay y México: quién es quién en la lucha anticorrupción
Paraguay y México son dos estados latinoamericanos muy diferentes, asimétricos acostumbran decir. El primero es un país que ocuparía el territorio y la población que actualmente tienen los estados mexicanos de Durango y Chihuahua juntos.
Ha estado dominado por dictaduras, como la de Alfredo Stroessner, que convirtió su país en huésped del más ruin anticomunismo y régimen policiaco durante los 35 años que duró en el poder.
Paraguay ha tenido una muy pálida transición a la democracia. Hoy ese país anda en boca de todos porque se puso al descubierto un gran hecho de corrupción política encabezado por el propio presidente Santiago Peña. Se trata de otro caso más en el que el poder político y la banca defraudaron, en este caso, a miles de ahorradores.
El desfalco es producto de la orientación neoliberal que no regula ni norma los servicios bancarios ni las operaciones, lo que provoca que unos se enriquezcan enormemente y de manera impune, y el resto inmenso de la población quedé vulnerable y ante el peligro de perder patrimonio y ahorros.
Estas notas tienen la finalidad de hacer un comparativo de la lucha anticorrupción entre este país sudamericano y lo que acontece un poco más al norte, en México.
Descubierto el atraco de Santiago Peña, en cosa de horas, y tras renunciar al cargo, fue depuesto por el Congreso, previo juicio político; inmediatamente fue sustituido institucionalmente y tomado preso, bajo arresto domiciliario, para que responda por sus actos de corrupción a acusaciones por los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, este último porque era socio de una institución de crédito denominada Ueno Bank.
En otras palabras, aprovechaba su poder político para obtener beneficios privados, en una jugosa red político-bancaria. Se registró la intervención del Banco Central de Paraguay al detectar insuficiencia de capital, errores en los registros de activos y créditos irregulares a empresas vinculadas al presidente Peña. Nada que sea extraño a economías que le rinden culto al mercado como fuente de regulación, que en esencia puede hacer y deshacer.
Lo que sucede en Paraguay marca un contraste con lo que nos ocurre en México, y van algunos ejemplos:
Andrés Manuel López Obrador, señalando una corrupción superlativa en la construcción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, decidió cancelar el proyecto a un altísimo costo para el erario, y hasta la fecha no se sabe que haya alguna investigación contra corruptos, privados o funcionarios públicos. Peña Nieto veranea en España y las cuentas de Carlos Slim, amigo de la Cuatroté, siguen creciendo.
Antes de eso, el destape del FOBAPROA sólo fue un discurso electorero en manos de López Obrador, ya que también jamás ha llegado a los tribunales.
En el muy sonado caso de SEGALMEX, cuyo responsable era el salinista Ignacio Ovalle, hay un desfalco multimillonario, que hasta López Obrador reconoció como la única mancha de su sexenio, pero hay cero investigación, cero carpetas en la Fiscalía General de la República, e impunidad completa.
En el caso de César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, ha sucedido lo mismo: se involucró la creación de un banco que iba a ser de su propiedad; se le acusó de enriquecimiento ilícito y se establecieron las conexiones con tres cajas de ahorro, entre ellas Unión Progreso, del que era socio el secretario de Hacienda en ese momento, Jaime Ramón Herrera Corral, quien puso el arca pública a disposición de esta última para realizar depósitos y aparentar que daban el tamaño para una institución de banca múltiple, de acuerdo a la solicitud y a las leyes mexicanas reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que pasado el escándalo, terminó aprobando dicha solicitud bajo otra denominación.
La denuncia contra César Duarte data del 23 de septiembre de 2014 y hasta la fecha ninguna fiscalía, ni federal ni estatal, ha integrado averiguación alguna para ponerla en manos de un juez ni realizado investigación que conduzca a consignar el asunto a los tribunales, a pesar de que han transcurrido doce años.
El último caso a tomar en cuenta sobre el comparativo con Paraguay, es el de Guadalupe Taddei, la exconsejera presidenta del INE, quien renunció en presencia de un gran escándalo de corrupción, pero hasta este momento ni siquiera se le puede ubicar su residencia.
En los hechos, a Guadalupe Taddei la protegen la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, y tras bambalinas, Andrés Manuel López Obrador.
Con lo dicho hasta aquí, cabe la pregunta, ¿quién está en el atraso: Paraguay o México?
Qué lamentable.
