Un punto es un punto, y una sucesión de puntos hacen una línea. Las noticias que circulan en la prensa vendida de Chihuahua tienden a opacar el tema de la corrupción política de la que fue artífice el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, hoy recluido con privilegios en el penal de Aquiles Serdán.

No hay semana en la que no se advierta que el gobierno de María Eugenia Campos Galván aplica la reversa para exonerar a su cómplice y de esa manera, también, lavarse a sí misma, pues está claro que durante el duartismo fue una pieza clave, demostrada con hechos documentados en las actas del Congreso del Estado, cuando fue diputada y tuvo el encargo de revisar la cuenta pública, sin hacer observaciones de valía, y mucho menos demostrar una labor de fiscalización y auditoría que le obligaba.

Hoy tenemos que la Secretaría de la Función Pública se ha retractado de un procedimiento que deja a César Duarte –y a algunos otros– exento de algunas responsabilidades administrativas. Así se dio a conocer, no de manera oficial porque ya ni siquiera hay transparencia de mediana calidad, sino porque su abogado, Juan Carlos Mendoza, informó sobre este hecho a través de una declaración pública, lo que le permite decir que irá más a fondo para quitarle más responsabilidades al exgobernador, con la complicidad gubernamental, tanto de la Fiscalía como del propio Poder Judicial que encabeza otra de las cómplices de Duarte, Myriam Hernández.

Cuando juntemos todas las piezas de este rompecabezas, vamos a llegar a la conclusión de que el régimen de corrupción e impunidad imperante en Chihuahua se ha restaurado a plenitud , pues caso por caso, o punto por punto, se va clarificando que hay una línea trazada desde el poder del gobierno del estado para que se deniegue la justicia que Chihuahua ha reclamado para restañar la corrupción de que fuimos objeto durante un sexenio, a un altísimo costo patrimonial y social.

Por eso, en la calle se escucha que al paso que vamos, César Duarte hasta se hará acreedor de una disculpa pública por boca de quienes representan ahora las instituciones, que en las personas de María Eugenia Campos Galván, Myriam Hernández y Adriana Terrazas Porras, son la simple fachada de una república que no existe.