Un viejo anhelo de muchos mexicanos es que en nuestro país se instaure un Estado de derecho. No se trata de una frase retórica sino de algo esencial para el futuro de nuestro país. El Estado de derecho tiene adversarios abiertos que expresan su animadversión, privilegiando las soluciones que ofrecen las vías de hecho a las que son tan afectos los que ejercen el poder. Ellos toman las decisiones, y las leyes son el barniz con que las decoran y presentan. Hay otros que lo defienden pero exclusivamente de los dientes para afuera.
Mientras prevalezca esta circunstancia, nuestro país va a tener muchos obstáculos para desarrollarse. La izquierda política ha visto con recelo esta frase, porque considera que las leyes son de los capitalistas, eminentemente formales, bajo cuya óptica también ven a la misma democracia como forma de conquistar el poder y ejercerlo frente a una sociedad que debe ser cada día más vital en el reclamo de justicia.
Estado de derecho significa muchas cosas, por ejemplo, división de poderes, contrapesos, autonomías estatales, tribunales independientes, justicia rápida, y mucho más. Hay quienes piensan que el Estado de derecho es algo que interesa a quienes están en las altas esferas del poder. Es un craso error. Cuando no hay Estado de derecho también se afecta la vida concreta de las personas, el que sufre una prisión preventiva contraria a la presunción de inocencia, al que le tardan su sentencia diez o quince años, al que carece de los servicios de la abogacía profesional para defenderse porque no tiene los recursos económicos. De tal manera que no se trata de algo ajeno en la vida cotidiana de las personas y los ciudadanos.
El día de hoy, el World Justice Project (WJP), institución que valora en todo el mundo la situación del Estado de derecho, referida a estados nacionales o a la vida interior de esos estados, publicó un importante informe al respecto. México, y las entidades federativas que lo integran, no salieron bien libradas.
El organismo internacional realizó un estudio de nuestro país, entidad por entidad, estableciendo el número 1 como el parámetro de óptimo, pero ninguno alcanzó esa calificación, entre ellos el estado de Chihuahua, que no rebasó ni el .5, inferior a la media, con una calificación de .42, por debajo de Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Campeche o Baja California Sur, un manojo de estados muy desiguales pero que sorprende porque dentro de ellos hay unos muy atrasados, como Durango y Campeche, y otros muy violentos, como Sinaloa, sede de uno de los cárteles de la droga más poderosos del país.
En Chihuahua las voces a sueldo del gobierno presentaron esta investigación, señalando que llevamos una tendencia ascendente. Pero la realidad los desmiente. El día de hoy, por ejemplo, está programada una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, confeccionada para fortalecer su dependencia con relación del Ejecutivo estatal que encabeza Maru Campos, amén de que entre los magistrados existe un racimo numeroso de duartistas, que llegaron al cargo vía un artero golpe del que aún no se puede recuperar.
No se puede pasar por alto, y mucho menos despreciar el informe de WJP, porque es un retrato que a final de cuentas sólo muestra una situación que es mucho más grave; empero, es de agradecerse que se publiquen estos documentos, que nos ayudan mucho a comprender que tanto el derecho como los jueces y magistrados están expuestos a la consigna y siempre bajo la mirada inquisitiva de los gobernantes y los intereses que están detrás de ellos.
Mientras subsistan hechos como la desvinculación de una causa penal a Maru Campos, un día antes de que asumiera el poder, no tenemos nada de qué presumir en este tema del Estado de derecho.