Ni la película ganadora del Oscar, Oppenheimer, recibió tanta atención de la prensa que controla Osvaldo Rodríguez Borunda, como el documental La farsa, de Gilberto Mauricio Romero. Este trabajo recibió ocho columnas en la página principal de El Diario de Chihuahua y le desplegó una entrevista a página completa al propietario de la la productora Ra Ké Ami Films.
Ambos hechos están ligados a una obvia intencionalidad de que se dijera amablemente la, al parecer, inminente salida de César Duarte del penal de Aquiles Serdán, por una parte; a lo que se suma el empeño de lavarle la cara a una buena parte de sus colaboradores que alcanzan el rango de enemigos de la sociedad en el estado de Chihuahua.
Al momento de redactar este texto, el documental no se había proyectado, pero de la entrevista mencionada se desprende con evidencia superlativa el papel a que está llamado el filme de Mauricio Romero.
Veamos primero su perfil. Se trata de un proveedor de publicidad durante la administración de César Duarte, con los incentivos económicos que se pueden suponer y el obvio conflicto de interés empresarial que pueda haber en todo esto.
También, durante la primera etapa del gobierno de Javier Corral trabajó para el estado, terminando, a decir del propio documentalista, de mala manera, lo que supone que media un desafecto hacia el ahora candidato morenista al Senado.
Pero pasemos esto por alto y veamos aspectos más de fondo en la entrevista que “generosamente” El Diario le hizo a Romero. Según él, no mete las manos ni por sus hijos, menos por César Duarte, premisas que emplea para defender su trabajo bajo la divisa de que “no es una defensa de Duarte”, lo que es dable poner en duda por todo ese rodeo que hace para explicar cómo llegó a la idea de realizar este documental.
Dice que ni siquiera fue su idea, sino que fueron sus alumnos los que lo acicatearon para producirlo. Se da el autor la oportunidad para decir que también él fue perseguido por los policías del corralismo y que tuvo miedo porque sus hijos son pequeños, y que además no se reconoce como una persona valiente.
Por otra parte, no tiene empacho en reconocer que se ha dedicado a producciones cinematográficas de tipo político, al servicio de las oficinas gubernamentales y que siempre lo ha hecho de manera profesional. Dice: “No tenía nada qué temer, mi trabajo había sido pagado por el gobierno y ahí estaba, todo”. Pero cuando vio que Corral mandó a la cárcel a Jesús Luna “por puras mentiras”, y a quien conocía, se preocupó y consultó abogados. Tenía antecedentes de que Corral lo había maltratado, incluso retirado de un evento público gubernamental.
Fue así que esperó mejores tiempos y su idea fue contar la historia del “sufrimiento” de los exfuncionarios de Duarte con la Operación Justicia para Chihuahua.
Para no abundar mucho en datos de la entrevista, es importante precisar que muy generoso, Mauricio Romero sorteó todos los gastos y costos que suponen un trabajo de este tipo. Esto lo dice para tratar de ocultar que se conjeture que fue subvencionado por los personajes que desfilan, según el trailer, por el documental.
En realidad, y habrá oportunidad de corroborarlo, estamos en presencia de lo que se llama “bailarle el agua” al duartismo, y de paso a la propia gobernadora del estado, Maru Campos, que se ha empeñado, diga lo que diga, en la defensa del exgobernador corrupto, a grado tal que se le ha convertido en una papa caliente que le puede estallar en pleno periodo electoral, cuando es posible que Duarte salga de la cárcel, para continuar su proceso en libertad y diluirlo a tal grado que no se descarta una sentencia absolutoria en el futuro.
Parece que ese fue el compromiso que en parte le allanó el camino a la gubernatura a María Eugenia Campos; y no es cualquier compromiso, porque del otro lado está un hombre poderoso, pero sobre todo resentido, que es capaz de todo.
En la prensa de Rodríguez Borunda está develada la agenda: la inusual publicidad a un documental que pretende convertir en mártires a la planilla de funcionarios que en su momento fueron beneficiados por la corrupción política; darle a La Farsa las ocho columnas que no merecieron, y en interiores del periódico, justamente en la sección editorial, propalar que la salida de Duarte es inminente, entre otras movidas de agua.
La puesta en escena actual narra un tiempo de canallas: en primer lugar limpiarle la cara a una caterva de corruptos que aspiran a la impunidad; una prensa empeñada en favorecer esa impunidad; y lo más grave, que la denuncia penal presentada en septiembre de 2014, por enriquecimiento ilícito, peculado y abuso de facultades y atribuciones, que desató la lucha cívica contra el duartismo, duerme en las gavetas de las fiscalías, de la local y la federal, y desde el peñanietismo al lopezobradorismo, pasando por la nefasta actuación de Javier Corral por no haberla procesado debidamente, a sabiendas de que había pruebas suficientes e inobjetables.
En este país, pretender fundar un banco particular con las finanzas públicas, parece que no es un delito, sino un deleite. Obviamente esto es una farsa, pero no está en el documental que hace la apología y autodefensa de canallas muy conocidos.