Los recientes sucesos de violencia y terror que se registraron el fin de semana, principalmente en los municipios de Ignacio Zaragoza y Gómez Farías, pero que se expresaron también en la ciudad de Chihuahua y en otras partes, exhiben, por enésima ocasión, la ausencia de una política gubernamental en esta materia. El acento de este reproche se ha de poner en los gobiernos federal y estatal; los municipios con las estructuras actuales en esta materia no llegan ni a caricatura, si les pedimos una contribución real, por más millones que se inviertan como en el fracasado “Escudo Chihuahua”.

Una cantidad grande de muertos, terror en la población, escenas de guerra, incendios a negocios y un claro mensaje de que los políticos están en la mira de la sed exterminatoria de la delincuencia organizada. Todas las muertes son lamentables, pero su signo es diferente a la hora de caracterizar el fenómeno y, aquí, algunos de los homicidios llevan un claro mensaje de mezclarse con la política. Puede haber colusión y dicha hipótesis puede explicar este pico de violencia.

De sobra está decir que esto es altamente preocupante pero, sobre todo, está de sobra decirlo ante los oídos sordos de gobernantes como Peña Nieto, Corral Jurado, o jefes de los aparatos de seguridad como la Fiscalía y la Policía Estatal de Chihuahua, que si hubiera que caracterizarlos con una palabra esta sería “fracaso”.

Soy de los que piensa que ya rebasamos una situación límite en esta materia y en muchas otras particularidades y que habrá que levantar la exigencia de un gobierno provisional para Chihuahua, que encare desde una perspectiva ciudadana la seguridad de las personas, sus bienes y propiedades, porque los que están instalados ahora en el poder –está demostrado– no dan el ancho. No están hechos ni para esta circunstancia y mucho menos para las tareas que se implican en la lucha por recuperar la paz de todos tan deseada.