Algunos transportistas que fueron cuestionados sobre su participación en el paro generalizado de ayer, en el sentido de que es en el centro y sur del país donde se padecen mayoritariamente los robos y crímenes contra choferes, respondieron atinadamente con frases que se pueden resumir en unas cuantas palabras: se trata de un asunto de solidaridad.
En efecto, los transportistas mostraron músculo en su enorme protesta ante la indignante persecución de que son objeto, tanto por integrantes del crimen organizado como por los que seguramente son delincuentes de ocasión.
Ambos han aprovechado la vulnerabilidad en que se encuentra este gremio, pero sobre todo de la falta de eficacia de las autoridades, tanto federales como estatales, para proteger a trabajadores y concesionarios que hacen posible la gran red de distribución de bienes y servicios en todo el país y allende las fronteras, especialmente hacia el norte de la república debido al flujo de mercancías que trasladan hacia el vecino país.
Como televidentes y usuarios de las redes sociales, muchos mexicanos hemos atestiguado dolorosamente el brutal crimen, el secuestro y el robo a choferes transportistas. Quizá para algunos Chihuahua no cuenta en ese sentido, pero la protesta tuvo una demanda simple pero que parece inalcanzable para las autoridades: exigir al gobierno federal medidas de seguridad en las carreteras que luego se presumen en los informes de gobierno y en una seguridad que, como se sabe aquí en Chihuahua, es mero membrete.
Hay quienes ya le vieron un guiño político a la protesta, sobre todo porque las exigencias están más dirigidas a la federación que a las entidades. Algunos en Chihuahua pudieran estar alistando sus banderas de campaña, tal y como sucedió en el tema del agua hace dos años. Por eso el abanico de protestas, cuya continuidad fue anunciada para el 15 de este mismo mes, debe considerar la demanda a los estados, porque estos con copartícipes de la inseguridad que permea en todo el país.