La violencia llegó para quedarse en Chihuahua. Ya es un mal endémico que permite catalogar a esta región como parte de un estado fracasado en la importante tarea de garantizar la seguridad pública.

Son muchos los recursos presupuestales que se dedican al ramo, vasto personal de todas las competencias gubernamentales e infinitas las mesas de seguridad y los resultados prácticamente son nulos.

En el caso chihuahuense, la falta de voluntad política, la ineficiencia y la ausencia de profesionalismo e improvisación, que denotan carencia de una genuina estrategia, ha redundado en fracaso. Al final del día, quienes más padecen este clima de terror son los propios pobladores de las regiones serranas del estado, que ven mermados los servicios de salud porque el personal permanece en el desasosiego que provoca la delincuencia.

Todas las muertes son lamentables y hay algunas que son emblemáticas. Al decir esto no hay ningún empeño discriminatorio. Como se sabe ya en todo el país, ayer fueron asesinados dos sacerdotes de la Compañía de Jesús. Se trata de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, radicados en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique. También hay otras víctimas, cuyas nombres no han trascendido en la prensa, igualmente lamentables.

Estos crímenes van a tener una resonancia profunda por el papel que la Compañía de Jesús ha jugado en la historia del país y en Chihuahua. Darán mucho de qué hablar, y por sí mismo revela el clima de impunidad que ya no ve barreras, que no tiene fronteras y que es agresivo porque no hay fuerza pública que lo contenga. Estamos en el cenit de la violencia.

El listado reciente de acontecimientos de esta índole se bifurca en sendas direcciones. La gobernadora católica y conservadora Maru Campos con la iglesia ha topado, como se dice en El Quijote. Por otro lado, los sangrientos sucesos del restaurante Denny’s en Ciudad Juarez, la enfrenta con el empresariado, al cual sirve y del cual se nutrió para ganar el puesto que hoy ocupa.

Tan grave son las circunstancias de inseguridad, que ya uno de los periódicos de paga ha señalado que un tercer cartel opera localmente y se disputa las plazas con sus oponentes tradicionalmente conocidos.

Hasta ahora el gobierno local, para evadir el bulto de sus responsabilidades, ha dicho que se trata de ajustes de cuentas y discrepancias entre esos grupos, acompañada esta peregrina explicación con frases efectistas, como esa de que van a “dar la cara”, cuando todo mundo sabe que la esconden y las suburbans blancas lo denotan.

El ciudadano de a pie no está atento al tema de las competencias, que frecuentemente se aduce como argumento para evadir la crítica. Sé que la estrategia de “abrazos y no balazos” es una pifia, y las estadísticas hablan por sí solas. La Guardia Nacional se despliega donde no hay problemas y no cuida lo que debe cuidar.

Pero el gobierno local de María Eugenia Campos es el responsable directo de la seguridad en nuestro territorio, y su actividad debe dejar atrás el relumbrón de los desayunos con la fuerzas armadas, como apariencia de trabajo, para ir a ocupar los espacios en el frente de batalla donde cruje la inseguridad.

Seguramente, me permito conjeturar, que el doble homicidio de los religiosos se va a convertir en la gota que derramará el vaso, cuestionando lo que se está haciendo en esta materia, para exigir que no prevalezca la impunidad. Pero también, para vertebrar un clamor que se empieza a generalizar de que no sirve la estrategia, si es que la hay, y que por tanto hay que exigir responsabilidades, y si es el caso, los cargos mismos, pues está demostrado que ni quieren, ni pueden, y que sólo tienen proyectos de poder, como ese que Maru presume de posible candidata presidencial, lo cual da risa en este ambiente de terror.

Un grito se vuelve a escuchar en Chihuahua: justicia.