Aprovechando la noche y con la fuerza pública, Javier Corral salió de su madriguera, donde permaneció escondido bajo los escrupulosos cuidados de su guarura y amigo, Juan Manuel Escamilla de León, un militar y delincuente que en su tiempo fue jefe de escoltas de Patricio Martínez, balador del palacio. Salió a dar un mensaje ruin a los chihuahuenses: decirles que no está con ellos en la defensa de los recursos hídricos de la entidad, amenazar con la represión y utilizar el trillado concepto de que el asunto no es de su competencia. 

Ignorante de la Constitución como lo es, oculta la obligación que le establece la máxima normativa local en su artículo 93-I: “…hacer cumplir las leyes federales…”. Ciertamente que vivimos en un régimen de facultades expresas y limitadas. Que si esa fuera la real filosofía del quinquenio, obligaría a Corral a un comportamiento diferente al que ha observado con su abulia, su adulación a los plutócratas y el patrocinio con recursos públicos de sus ambiciones políticas personales. Es de los gobernantes que ni hacen ni dejan hacer, y que siempre van a estar buscando culpables fuera de su séquito personal.

La historia dirá que estos meses se escribió el drama de un gobernador que traicionó a su pueblo y que se deshizo en falacias y argumentos que van a contrapelo de las leyes que lo obligan. 

Corral debe irse, debe recibir el severo castigo de los ciudadanos. Pero estas cosas no caen del cielo, hay que estrujar el árbol para que el fruto caiga.