El exilio nicaragüense en México clama solidaridad

Durante mi reciente estancia en la Ciudad de México tuve la oportunidad de conversar con un grupo de exiliados nicaragüenses, patriotas y defensores de la democracia frente a un monstruo dictatorial que personifican Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Cuando uno escucha a estos ciudadanos, no tiene menos que pensar, siguiendo a Hanna Arendt, que es más viable tomar como verdad absoluta el mito de que hubo unicornios que encontrar el tesoro perdido de las revoluciones. 

El Daniel Ortega revolucionario y sandinista de entonces, se tornó en el Anastasio Somoza de hoy, al que combatió con las armas en el pasado, y domina contra todo derecho y criminalmente en la patria de Rubén Darío. 

Los nicaragüenses con los que intercambié opiniones me entregaron un texto para que me informara más a fondo de la situación de su país y para difundirlo. Lo resumo y comparto así:

Después de la Revolución sandinista y tras una década después, Daniel Ortega se postula en1990 a la Presidencia de Nicaragua, pero pierde frente a Violeta Barrios de Chamorro. Daniel Ortega llegó al poder finalmente, y con la idea de no ser despojado nunca más, gana la Presidencia en las elecciones de noviembre del 2006, pero tomó posesión en 2007, luego de tres derrotas consecutivas. Para lograrlo, en parte, pactó votos con el Partido Liberal, lo cual dividió a este organismo político.

Desde sus inicios Ortega controló los poderes del Estado y los ministerios de gobierno y sumó para sus fines a la policía y al ejército, alejándolos de la concepción de Fuerzas Armadas que tan dificultosamente habían alcanzado. Tejió alianzas con los empresarios para que no le estorbaran, a cambio de favorecerlo en sus propios negocios, creando leyes y políticas a modo y poniendo en marcha programas asistencialistas clientelares con la ayuda de Venezuela por más de 4 mil millones de dólares entre 2008 y 2015. Pero no hubo cambios en la distribución de la riqueza, tampoco hubo inversiones de capital y en educación, y esto generó desigualdad.

Con miras a perpetuarse en el poder, en 2009 Ortega eliminó la prohibición a reelegirse mediante una decisión de la controlada Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal el articulado de la Constitución que le prohibía ser candidato. Así, en 2011 se produjo un enorme fraude electoral que el Centro Carter calificó como “un golpe a la democracia en Nicaragua”. Con su triunfo, Ortega logró la mayoría de los diputados al Congreso y aprovechó para reformar la Constitución y las leyes según sus intereses. Luego, en las elecciones de 2016 Ortega impuso a su esposa como su vicepresidenta, y con ropaje legalista instauró la dictadura dinástica y familiar.

Después, las elecciones del 2021 fueron de mero trámite. Los siete candidatos a la Presidencia por la oposición fueron perseguidos y encarcelados, y los dos únicos partidos opositores que asistieron a las elecciones fueron despojados de sus facultades jurídicas.

El país vive bajo el terror de la represión que se hace más cruda y violenta desde el

Levantamiento Cívico de abril del 2018 que demandó en las calles el fin de la dictadura y elecciones libres y transparentes, que dejó centenares de muertos y miles de heridos y encarcelados.

Todos los sectores de la población han sufrido y sufren el acoso, el control y la represión desde el 2007. El cúmulo de agravios documentados es enorme: desde 2007 234 líderes campesinos han sido asesinados por el ejército y grupos paramilitares “en un plan de ‘limpieza’ en el campo, principalmente de aquellos que se agruparon en la Contra en los años 80”; las universidades han sido sometidas, los estudiantes obligados a callar y apoyar al gobierno para acceder a becas; medios de comunicación han sido cancelados y se les ahoga financieramente para callarlos; la gente en los barrios es manipulada con dádivas del gobierno; maestros, médicos y burócratas son sustituidos por personal afín al gobierno; los pequeños comerciantes son presionados con multas e impuestos impagables; los precios de los combustibles de las empresas de Ortega, financiadas por Venezuela, desangran los bolsillos de la población; la canasta básica ha subido tres veces el salario mínimo; las mujeres, los ambientalistas y otros activistas son reprimidos por luchas por sus derechos; y la corrupción con los fondos estatales, dicen los exiliados nicaragüenses, “es imparable”, y aunque algunos medios lo han podido denunciar constantemente, nadie es sometido a investigación alguna.

Todos estos agravios y agresiones a la sociedad nicaragüense produjo un estallido social en abril de 2018, cuando los adultos mayores salieron de nuevo a las calles para luchar por sus pensiones; pero turbas afines al gobierno los atacaron con violencia, los lanzaron al suelo y los golpearon. Imágenes transmitidas por los medios indignaron a los jóvenes quienes también se lanzaron a las calles.

La llamada “Rebelión de Abril” duró tres meses y el país entero salió a las calles en lo que ha sido considerada como “la más grande movilización de la historia” de ese país. Las consignas eran: “Que se vayan”, “No a la dictadura, sí a la democracia”, “Elecciones libres ya”.

Pero la represión criminal no se hizo esperar. La policía, el ejército y los paramilitares se lanzaron contra la población pacífica, con saldos espeluznantes, según cifras de la ONU, con 355 asesinados, más de 2 mil heridos, 5 mil encarcelados, 6 presos políticos muertos a manos del régimen, entre ellos el general en retiro Hugo Torrez, y hasta Humberto Ortega, un hermano del dictador, quien había sido miembro de la Dirección del Frente Sandinista. 

Para agosto de este año ya había 73 presos políticos (59 hombres y 14 mujeres), mantenidos en condiciones de crueldad; pero 33 de ellos están en condición de desaparecidos, como los 3 dirigentes de las comunidades indígenas de la Costa Caribe, y un hombre de nacionalidad nicaragüense-mexicana, Alvaro Baltodano Monroy, hijo de la mexicana Eugenia Monroy, entre otros muchos exmiembros de primer nivel del gobierno de Ortega-Murillo.

A estos saldos se suman la clausura de más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil; la expulsión de 261 religiosos, entre ellos el nuncio apostólico, 4 obispos y 90 monjas; la confiscación de bienes de 20 universidades y escuelas de nivel superior, entre ellas uno de la orden jesuita; el exilio de unos 935 mil nicaragüenses, la mayoría de los cuales han pedido asilo en Costa Rica, España y Estados Unidos.

Un Grupo de Expertos de la ONU, en su último informe de abril de este año, identifica 6 delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicaragua: asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, desnacionalización y confiscación de bienes, y además identifica a 54 individuos pertenecientes al gobierno (ejército, policía y miembros del partido Frente Sandinista) como responsables directos.

“Dieciocho años después de acceder a la Presidencia –según estima el grupo de nicaragüenses exiliados en México–, Ortega no ha soltado el poder. Ha destruido por completo la incipiente democracia y las libertades que empezábamos a construir. Ha destrozado vidas y familias, lazando al exilio a centenares de miles de nicaragüenses. No se ha detenido ante nada: asesinatos, cárcel, tortura y desmantelamiento de todo el tejido social. Ha llevado a Nicaragua al aislamiento internacional sacando a nuestro país de numerosas organizaciones como la OEA, Corte Centro Americana de Justicia, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la FAO, OIT, OPS, UNESCO entre otros”.

En Nicaragua ahora, añaden, “no hay un plan de gobierno, ni políticas de desarrollo económico o social. No hay objetivos que la sociedad y gobierno se propongan alcanzar. El único plan que existe es eliminar toda oposición, afianzar el poder dictatorial y llevar a cabo el relevo dinástico de Ortega a su esposa y a su familia”.

Los exiliados desean llamar la atención de la comunidad internacional. “Nicaragua necesita apoyo. Necesita que la vean, que se amplíe la discusión en los foros y que se convengan acciones conjuntas para apoyar una transición democrática a la crisis insalvable en que la dictadura la ha encajonado”, afirman. 

“El pueblo de Nicaragua ha demostrado que está dispuesto a luchar por su libertad”, agregan, y recuerdan que “México ha tenido una relación histórica con nuestro país”, que contribuyó a la caída de la dictadura de Somoza, jugando un papel preponderante en la OEA, y que participó en las negociaciones para alcanzar la paz en la década de los 80 en Nicaragua.

México, recuerdan también, ha sido desde hace muchos años un país de acogida y refugio de exiliados, y creen que nuestro país tiene ahora también “un rol importante en esta lucha que libramos” y estiman que puede convocar, como antes, a la solidaridad y apoyo de otros países.

Su llamado es urgente. Concluyen:

“México mantiene relaciones razonables con el gobierno de Nicaragua. Puede y debe aprovechar ese espacio para promover acciones humanitarias que mejoren las condiciones de los presos políticos, de los presos desaparecidos, y en el mejor de los casos, gestionar su liberación en conjunto con otros países de Latinoamérica”.

Urge solidaridad con Nicaragua y que el Estado mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, se deje de cosas y hable claro contra esta dictadura en el ismo centroamericano. Que honre una tradición diplomática concreta y valiosa que se ha expresado en el pasado, para bien de ambos países.