Desapariciones forzadas: por el derecho a la verdad

Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, uno de los delitos más lacerantes que se registran en el México contemporáneo. Según que datos circulan a través de los medios, en Chihuahua hay un poco más de 3 mil 500 personas desaparecidas, en un periodo que va de 1 de enero de 1962 a fines de agosto de este año.

Se trata de una cifra escalofriante si consideramos que estas desapariciones, sobre todo a últimas fechas, son producto de la trata de personas, la agresión a los migrantes a manos de un crimen organizado que cada día se extiende a nuevas esferas de actividad.

Conviene recordar que la semana pasada se encontraron varios cadáveres de migrantes que se habían “extraviado” en el desierto de Coyame.

Pero lejos está de tratarse de una criminalidad y de un fenómeno regional. El país está plagado de fosas clandestinas y de una tarea de búsqueda de los familiares, que día a día padecen la ausencia de un ser querido del que no saben absolutamente nada y tienen la esperanza de llegar a conocerlo todo, lo que reiteradamente muy pocas veces se logra, a pesar de lo cual la impunidad es la regla en este delicado tema de agenda.

Con ese motivo la ONU, a través de su oficina para los Derechos Humanos en México, ha expresado la necesidad de sentir solidaridad, empatía y apoyo para las víctimas. Va aquí una parte de su reciente comunicado:

“En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hace un llamado a las instituciones de seguridad e inteligencia a garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido, dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas y sancionar a los responsables. 

México tiene avances normativos e institucionales adoptados a través de diversas leyes, decretos y criterios judiciales y administrativos. Es necesario que los aparatos de seguridad e inteligencia se sumen plenamente a estos esfuerzos y superen las resistencias para colaborar con las instancias especializadas y dotadas de competencia para esclarecer los hechos, buscar a las personas desaparecidas, realizar las investigaciones y transparentar el quehacer gubernamental.

Las negativas y obstáculos en esta materia, además de socavar los derechos de las víctimas, trastocan el derecho a saber, debilitan la confianza en las instituciones y contradicen lo dispuesto por normas e instrucciones giradas incluso desde las más altas autoridades del Estado. Dichas conductas deben ser sometidas a ejercicios independientes de rendición de cuentas que permitan el oportuno deslinde de responsabilidades administrativas y penales.

El derecho internacional de los derechos humanos establece claramente que las autoridades competentes deben disponer de las facultades y recursos suficientes para ‘acceder a la documentación y demás informaciones pertinentes’. Con base en dicho estándar, se ha recomendado a los Estados ‘garantizar que las autoridades encargadas de las investigaciones tengan acceso a toda la información pertinente, incluida la contenida en los registros y archivos de los órganos militares, policiales, de inteligencia y otros órganos de seguridad nacional’.

‘Los controles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad e inteligencia deben asegurarse, más aún cuando hay evidencia de que sus funciones en ocasiones se han desviado. Dichos aparatos deben actuar conforme a la ley y perseguir fines legítimos’, sostuvo Jesús Peña, Representante Adjunto en México de la ONU-DH.

La ONU-DH también hace un llamado a preservar la integridad de todos los archivos, registros y bases de datos indispensables para garantizar los derechos de las víctimas. Tal y como lo resaltó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, en el marco de su informe de misión a México, los registros son importantes ‘para identificar y visibilizar claramente las distintas formas de desapariciones que ocurren en el país, así como para establecer estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención a víctimas y erradicación de este flagelo. Los registros deben también contribuir de forma esencial a la prevención de las desapariciones’.

Finalmente, la ONU-DH se suma a las muestras de solidaridad expresadas desde diferentes ámbitos [4] y reitera su compromiso de seguir trabajando en favor de los derechos de las víctimas, fomentar su derecho a la participación y promover su seguridad y protección, obligaciones primarias a cargo del Estado. La ONU-DH alienta a la sociedad en su conjunto a expresar su respaldo, solidaridad y empatía a las víctimas de desapariciones en un Día Internacional tan relevante para México y la humanidad”.

En Chihuahua habrá actividades de organizaciones de la sociedad civil, consistentes en eventos religiosos y particularmente en la colocación, frente a la Fiscalía General del Estado, de nombre de personas desparecidas y de víctimas.