La construcción, en nuestro país, de un genuino y auténtico Estado de derecho es –debe ser– una gran marcha a la que se han de sumar la inmensa mayoría de los ciudadanos. Mientras no lo tengamos, México va a ir de tumbo en tumbo y de fracaso en fracaso. Hay quienes piensan que este importante punto de agenda es simple recurso retórico, para que los políticos luzcan sus fuegos de artificio y nada más. Estamos lejos de lograr que el derecho deje de ser un instrumento de la política para dar paso a que esta sea precisamente expresión del derecho. Estamos a años luz de ese precepto de la constitución alemana actual que le da un papel primordial al Derecho, así con mayúscula.

Entre nosotros esto es vital porque es la única forma de combatir hasta su desaparición el régimen de corrupción e impunidad que prevalece en el país y que autogenera las bases de su propia reproducción, prácticamente con el apoyo de todos los partidos políticos. Estamos ciertos de que aún en las sociedades más avanzadas la corrupción sigue apareciendo, pero los responsables de la misma sufren el peso de la aplicación de las leyes penales: aparte de resarcir económicamente el quebranto, van a la cárcel, son procesados y prácticamente mueren para la vida política o empresarial.

Aquí en México no tan sólo se deja de hacer eso, sino que a los corruptos políticos hasta se les llega a premiar con nuevos cargos, aparte de no pagar sus deudas con la justicia. En estos días hemos visto el cansancio de una sociedad que se levanta contra los privilegios de que gozan los partidos. Sin duda se trata de una causa social absolutamente legítima. Pero también somos testigos de cómo la protección a los corruptos es una realidad que no se puede tapar de ninguna manera.

Es el caso de César Horacio Duarte Jáquez, de Jaime Herrera Corral, ambos agentes de la tiranía protegida por Enrique Peña Nieto y su procurador Raúl Cervantes. Duarte puede estar en cualquier parte del mundo o incluso en territorio nacional, mientras no haya voluntad para que lo alcance el brazo de la justicia. Y esto será más irrealizable en la medida en que los ciudadanos se crucen de brazos, caigan en la indolencia y abdiquen de todos y cada uno de sus derechos.

Hay quienes afirman que la causa iniciada el 23 de septiembre de 2014 contra César Duarte no tiene sustento. Están rotundamente equivocados. Para Unión Ciudadana lo tiene y bien cimentado, pero en todo caso corresponde a los tribunales competentes decir la última palabra y eso, precisamente, es lo que no quieren que suceda los personeros de la corrupción y la impunidad.

Mañana sábado 23 de septiembre, en la Casa Juárez de Avenida Juárez, esquina con calle Quinta, Unión Ciudadana explicará por enésima ocasión sus razones y no serán otras que, apoyados en el derecho, tenemos toda la legitimidad y la razón para lograr encarcelar a Duarte y procesarlo; y algo más importante: recuperar los millones y millones de pesos de que hoy goza para defenderse contra el interés de todos los chihuahuenses.

Estas son las razones para escuchar; mañana, el alentador mensaje de Unión Ciudadana.