Sólo para no dejar pasar el tema, diré que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de López Obrador, a cargo de la señora De Piedra, se ocupa en cosas que, cuanto más lejanas del aparador capitalino, son mejores, para no llamar la atención.
En lugar de pronunciarse por la decisión de su presidente por tratar de enviar a la milicia a las calles, como lo han expresado otros organismos derehohumanistas, no sólo nacionales sino internacionales, doña María Rosario acaba de emitir una recomendación que tiene, si mucho, algún impacto acá en Chihuahua, sin contar con que, como ha ocurrido tantas veces en el país, no tenga ningún efecto al final.
Se trata de una denuncia que un ciudadano interpuso por omisiones en el pago de becas por parte de funcionarios del programa Bienestar. Es decir, se trata notoriamente de un problema de corrupción, esa que ya había desaparecido de la Cuatroté pero que, terca, merodea en estos lares como en otros tantos a nivel nacional.
El ciudadano Héctor Vázquez denunció irregularidades por parte de agentes de Bienestar, mejor conocidos como “siervos de la nación”, y que a consecuencia de ello le adeudan un año entero de becas que debían entregársele. De modo que la queja inicialmente interpuesta en la CEDH fue a parar a su homóloga a nivel nacional, y desde allá vino la recomendación referida en el sentido de que “se proceda en contra de los servidores públicos del programa” en mención.
Son funcionarios menores a los que sí puede la señora De Piedra recomendar sancionar. El asunto no tiene el tamaño de la Guardia Nacional, mucho menos la conexión directa que este asunto sí tiene con el mismísimo presidente que la puso a ella en la CNDH, en cuyo caso, su puesto y su obligación han transitado con disimulo.
De ese tamaño están las cosas ahí. Y como dice viejo refrán gallego, caballo ajeno, ni come ni se cansa.