Clara Brugada da un giro en el drama de las desapariciones forzadas

Podemos decir que no todo está perdido, o mejor aún, que se tardarán los gobiernos de la Cuatroté en comprenderlo. Se trata de las coadyuvancias que pueden tener en materia de derechos humanos, en particular todo lo que concierne a las desapariciones forzadas.

Tanto el gobierno de López Obrador como su prolongación actual con la presidenta Claudia Sheinbaum, observan todo pronunciamiento derechohumanista de peso y consistencia como un simple ataque, como un cuestionamiento, como un disenso radical, y la verdad es que no es así.

Con un poco de inteligencia y voluntad política podrían tomar la coadyuvancia como una sinergia para lograr metas de manera conjunta, con el brazo civil de las madres buscadoras, por ejemplo, de organizaciones derechohumanistas acreditadas por su solvencia moral, como las del Centro Miguel Agustín Pro, de académicos y especialistas, o para ir al punto que más ha generado turbulencias, los pronunciamientos en favor de una intervención de Naciones Unidas en este escabroso tema.

El gobierno actual es intolerante ante la crítica, no la admite y la sataniza, o simplemente las llama “cantaletas de conservadores”, como lo expresó recientemente Claudia Sheinbaum.

Pienso que es muy difícil que haya un cambio de actitud; el discurso oficialista va en otra dirección y esa actitud actuará como un boomerang en su contra, tarde o temprano. Es una batalla que tiene perdida, sea cual sea el resultado, el gobierno actual.

Pero no todo está perdido. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a contrapelo del discurso presidencial, o del nuevo bufón morenista, Gerardo Fernández Noroña, se ha orientado por coadyuvar con una actitud y compromiso explícito de participar, con la colaboración de familiares de personas desaparecidas y mediante la aportación de recursos del erario y el ofrecimiento de reuniones periódicas de evaluación de los trabajos. Es una actitud diferente que ha recibido el saludo de la ONU.

En efecto, ayer la oficina para los derechos humanos de la ONU en México emitió la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, en donde se involucró, precisamente, a instituciones públicas y privadas, a familiares de personas desparecidas, a colectivos y organizaciones de la sociedad civil, así como a organismos internacionales.

Medularmente, el reconocimiento del organismo mundial señala que el objetivo es alcanzar resultaos tangibles en la materia. Estamos en presencia de un giro que involucra a la principal entidad del Estado mexicano, que puede marcar la diferencia entre satanizar a quienes padecen la desaparición forzada, familiares en particular, o colaborar a un fin sin duda humanitario y que debe apegarse a la ley.

Por eso digo que no todo está perdido.