La militarización va a depredar, de manera absoluta, la posibilidad misma de tener a mediano plazo policías profesionales al mando de los brazos civiles del Estado, conforme a lo que dispone la Constitución General de la república.
No se puede ver sin una gran preocupación lo que está sucediendo en Chihuahua cuando nos enteramos que la Secretaría de la Defensa Nacional se hace cargo de instruir en prácticas de combate a lo que resta de las policías en la entidad, tanto las que dependen del estado para la persecución de los delitos, como las municipales que realizan trabajo de prevención.
El gobierno de María Eugenia Campos y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, sin tapujos ni pudor alguno, han informado que durante todo el año 2023 las policías estarán en la base militar de Santa Gertrudis, enclavada en el municipio de Saucillo, recibiendo adiestramiento en técnicas y tácticas de reacción a emboscadas, e intervención en zonas de difícil acceso y en zonas rurales; también tiro “instintivo” y de “reacción” con fuego real. En el mismo sentido, se establecerán tareas, desplazamiento en zonas terrestres y de reacción inmediata.
Todo esto no puede leerse sino como una entrega del gobierno de Chihuahua a la política de militarización de Andrés Manuel López Obrador, y de franco abandono de creación de una policía profesional, adiestrada en derechos humanos, para encarar al crimen, organizado o no. Tal pareciera que estamos entrando en una franca situación de guerra, que pasa por la abdicación del gobierno civil de Chihuahua a las fuerzas castrenses, en un retroceso nunca antes visto.
La sociedad civil debe reaccionar ante esta perspectiva, poniendo el acento en una política de derechos humanos, con atención especial a las zonas (son muchas) apartadas de los centros urbanos, que concentran gran parte de la población campesina y de raíces étnicas que quedan así, vulnerables como nunca antes.