En la sierra de Chihuahua, especialmente donde hay nudos boscosos importantes, continúan los incendios forestales intencionados. Es decir, no son ni producto de la sequía, el calor y todo lo que contribuya a presentar este fenómeno. El bosque está lastimosamente abandonado por el nuevo gobierno federal al desmantelar el aparato estatal previsor de incendios y de las operaciones de remediación.

Se trata de un problema mucho más complejo en el que encontramos la mano del crimen organizado que a través de provocar los incendios, obliga al desplazamiento de las personas para ejercer el control territorial y el tráfico de los productos a los que se dedican las bandas de la delincuencia.

Todo esto sucede en zonas que ya se caracterizan como “extraterritoriales” a las funciones del Estado y del gobierno, que se supone tienen el monopolio del uso de la fuerza legítima, campo en el que han sido derrotados por la capacidad logística y de fuego de los criminales. 

Ni las policías cuando lo intentaron, ni el Ejército, y ahora ni la Guardia Nacional han cambiado un ápice esta circunstancia que golpea a Chihuahua en todos los aspectos, incluyendo el ambiental, ya que cada bosque que se incendia es el anuncio de que la obtención y retención de agua será cada vez más difícil.

Ni el gobierno de Corral ni ahora el de López Obrador le han cumplido a los habitantes de la sierra chihuahuense.