Me lo confió un periodista: no conozco político mexicano con poder que no se conciba trascendiendo a la grandeza, lo que muchas veces, en el intento, agrego, suele perderlos. Alentando un ambicioso proyecto de poder, María Eugenia Campos Galván rindió su primer informe de su segunda gestión como cabeza política y administrativa del municipio de Chihuahua, segundo en importancia económica y primero por ser la sede de los poderes estatales.
En la fraseología exalta su desempeño, lo muestra, lo propala, no se raja, lo presume porfiadamente ante un gobernador gris y opaco en la realización de obras y acciones. Lo hace y paga por ello. También sobrevino un alud de desplegados laudatorios que se imponen como gravamen a los proveedores del municipio y a los apostadores de un futuro con canonjías.
Para María Eugenia Campos –sus raíces fundamentalistas lo dictan– el poder no dimana del pueblo, en la concepción republicana de la soberanía política establecida en las constituciones. No. A ella el poder se lo ha concedido, como a los monarcas del absolutismo, un dios que se concentró en darle las virtudes necesarias para servir a su pueblo. Vaya manejo de un discurso prendido de alfileres en arcaica teología.
Pero la alcaldesa, aparte de sus obvias y desmedidas ambiciones, apoyadas en un ejercicio abusivo de atribuciones y facultades, tiene su historia. Con ella cabe aquello de que por la víspera se sacan los días.
Están suficientemente documentadas sus complicidades con el gobierno del fugitivo César Duarte. Cuando se fundó Unión Ciudadana el 28 de noviembre de 2014, ella asistió, se colocó en primera fila, pero no soportó el segundo de los discursos a cargo, ni más ni menos, de Francisco Barrio Terrazas, el primer gobernador panista en la historia de Chihuahua. Barrio dijo dos cosas que molestaron a la alcaldesa: “
“…Un ejemplo dramático es esa gigantesca deuda pública que nunca debió ser aprobada y que afectará la calidad de vida de los chihuahuenses durante los siguientes diez, quince años, ya que el gobierno dejará de atender necesidades de la población para pagar estos compromisos. Y es que 42 mil millones de pesos es una cantidad exorbitante, hasta para un gobierno (…). Es el tipo de monstruosidades que pueden generarse cuando un Congreso se convierte en un sirviente del gobernador”.
Y sobre el Poder Judicial, agregó: “Pero nada comparable al golpanazo que ha sufrido esa institución de nuestra vida pública en los últimos meses, empezando con la designación de un compadre del gobernador, sin una carrera judicial, como presidente del Supremo Tribunal, siguiendo con la jubilación o renuncia forzada de trece magistrados que fueron sustituidos a través de un reparto de posiciones entre los partidos, en el que nueve de ellos son incondicionales del gobernador. Adiós principios de autonomía, de inamovilidad y de la carrera judicial de los magistrados. Por los siguientes quince años, muchas de las resoluciones judiciales obedecerán a criterios políticos más que a una aplicación imparcial de la ley”.
Como la alcaldesa formó parte de ese Congreso y fue una figura clave para las decisiones del duartismo, le cayó el saco y procedió a retirarse intempestivamente del acto fundacional de UC. Quizás recordó que le aprobó todas las cuentas públicas a Duarte. En simultaneidad a estos hechos, la entonces diputada local Campos Galván recibía entrega mensual de dinero de la Secretaría de Hacienda bajo el manto protector de Jaime Ramón Herrera Corral, montos que nada tenían que ver ni con sus dietas ni con las compensaciones. Era dinero por debajo de la mesa, de lo que se sabe en la escena pública: 7.1 millones de pesos en menos de dos años.
Javier Corral Jurado, en las goteras de ser candidato, tomó conocimiento de todos estos hechos, y en una reunión abierta ante un nutrido grupo de abogados, ya electo gobernador, recuerdo, dijo enfático: “Que no haya duda, el municipio de Chihuahua se convertirá en el reducto del duartismo con María Eugenia Campos Galván”. Ya en el ejercicio del poder, se inició una investigación ante la Secretaría de la Función Pública en la etapa de Stefany Olmos que luego se engavetó. El espíritu de partido puede más que la adhesión al Estado de derecho. Todo esto es un expediente que se debe abrir.
A pesar de que ello se conoce en el círculo rojo de la política y las corporaciones económicas dominantes en Chihuahua, parece que lo ven pero no se detienen a exigir las consecuencias que tienen hechos tan bochornosos y transgresores del orden jurídico como los apuntados.
Distantes de una actitud de congruencia, se da por un hecho que Campos Galván ya tiene en sus manos la candidatura del PAN a la gubernatura del estado, y van por la derecha con todo. Lo mismo los tradicionales oligarcas que tienen su origen en el porfiriato, que los nuevos ricos, y en las adhesiones encontramos una mezcla de Opus Dei, lasallistas, yunquistas, Caballeros de Colón, Movimiento Familiar Cristiano, y obviamente jerarcas de la iglesia católica. Ni la retórica decimonónica de Corral puede parar ese tren.
De lo que no se puede acusar a Campos Galván es de inconsecuencia. Es de la derecha dura, como lo demostró con hechos al formar parte de la barrera humana como diputada federal a la hora de la toma de posesión del usurpador Felipe Calderón, de sus compromisos con grupos como ProVida, que hacen de entelequias la base de una manipulación perversa en materia de políticas de sexualidad y salud reproductiva, sustentadas en derechos y libertades humanas. Defiende a “la familia” como si fuera la Sagrada Familia a la que le reza, y sus convicciones están por encima de la ley. Por eso nos espetó en su informe que a ella la puso dios, aunque realmente sus ambiciones la solventen los santos barones del capital.
En realidad, alguien sabe cómo está nuestro municipio, más allá de la novela rosa que todos los días y por todos los caminos nos entrega la narrativa municipal de la alcaldesa a través de los medios pagados con recursos públicos. Y no es cosa de tener en artificiosa estadística un guarismo más o menos, para percatarse de los malos servicios municipales y la discrecionalidad con la que se atiende a ciertos sectores de la población. La corrupción policiaca; el trasiego de droga en casi cualquier punto de la ciudad; los homicidios con muestras de brutal ferocidad, que también debieran prevenirse en la tareas de seguridad pública; los feminicidios, para los que sólo tiene recetas de cocina; el abandono que se observa en varias manchas urbanas del plano de la ciudad capital, por sólo señalar un racimo de problemas no atendidos diligentemente.
Chihuahua, hacia el futuro, debe pensar en esta y muchas otras cosas más, para que a partir del 2021 se genere un resurgimiento después de un cuarto de siglo de fracasos reiterados.
Una decisión cívica se debe construir para generar alternativas, porque, imagine usted que a la recta final lleguen como candidatos dos migajas del mismo PAN y los ciudadanos se vean en la tesitura de votar por Campos Galván o por Cruz Pérez Cuéllar, que al momento de escribir esto, compartirán la marcha por “la” familia en una manifestación de la ultraderecha, alentada desde la Presidencia Municipal de la pretenciosa y nada laica María Eugenia Campos Galván.
Con ella no hay dilema: dios. Para la soberanía: pueblo.