Los ejercicios dispuestos para realizar sendos plebiscitos –en Chihuahua y Juárez– tienen adversarios fuertes que tratan de impedir un limpio resultado de las consultas. Esta columna ha sostenido que sea cual sea el producto final, todos habremos ganado en un aspecto: las decisiones de importancia pueden ser sometidas a la decisión ciudadana, sacándolas de las criptas opacas de la clase política que mucho gusta de tomar decisiones sin oír a nadie más, muchas de las veces para obtener beneficios y lucros indebidos. 

Dos cosas preocupan: los alcaldes están convirtiendo su estructura municipal en el partido del “sí”, lo que deja al ciudadano común y corriente en enorme desventaja; el otro tema está en la continuada precipitación con la que se presiona para que cuanto antes se concluya la consulta sin disponer los mecanismos de debate, deliberación, información y decisión libre, por ende. 

A ese respecto, se propala con tenacidad la idea de que no hay presupuesto para realizar la consulta. Es un argumento nulo: si no hay –en el evento de que así fuera– se puede proveer; en segundo lugar, es falso que cueste mucho, es más, lo contrario es cierto y seguro estoy que la sociedad puede trabajar para su gratuidad, o casi. 

Pero los enemigos de la democracia –con tintes fascistoides– están propuestos a sentar el precedente de que al pueblo no se le debe consultar y de manera institucional y legal como proponen los preconizadores del plebiscito que han traído un viento fresco a la vida política local, precisamente porque piensan en los ciudadanos como decisores.