La Guardia Nacional amlista, después de la reforma constitucional promulgada, está en veloz marcha. Se afina la legislación secundaria, se preparan los mandos y, es previsible, que marche por la senda de encubrir con un barniz constitucional la militarización en el país, en el delicado tema de la seguridad pública que debiera ser ciudadanizada y civil. Esa es la trayectoria del pensamiento jurídico y cívico mejor decantada en las reflexiones más eminentes sobre el tema.
Hoy hay un reclamo esencial: que efectivamente el mando de ese nuevo cuerpo quede en manos de un civil. No es fácil que las fuerzas armadas y en especial el ejército, lo acepten. No es esa, ni su vocación, ni su talante actual.
De llegarse a consumar un nombramiento en manos de un personaje castrense –así sea retirado– nos estarían dando gato por liebre y eso simple y llanamente se le llama “fraude a la ley”. Y ya con el que se cometió al no mandar a las fuerzas armadas a los cuarteles, tenemos bastante para hablar de la incongruencia entre el decir y el hacer, sentido inequívoco de fraude y traición.