En la jerga jurídica y política, cuando se habla de escándalo lo que se quiere decir es corrupción. En Chihuahua –este es un punto de partida ineludible– está instalada la corrupción política de manera estructural y como nunca. Aquí se dan a plenitud las tres condiciones que son su mejor caldo de cultivo: monopolio de las decisiones públicas, absoluta discrecionalidad y nada de fincar responsabilidad, entendida ésta como la obligación de dar cuentas del quehacer del poder público. No hay en la estructura del Estado una frontera perfectamente delimitada entre los intereses de quienes tienen el poder y sus negocios privados, de tal manera que manejan el erario como si fuera el propio cortijo. A la escena pública salieron los negocios de un alto funcionario del gobierno del estado, y además consentido del titular del Ejecutivo, y se puso de manifiesto los fuertes cimientos que parecen edificar sólidamente la putrefacción en todas sus expresiones.

En la punta del iceberg encontramos en problemas al sonorense Eduardo Guerrero, director hasta ahora de la parte de la Fiscalía General del Estado que se encarga de la ejecución de penas y medidas judiciales; en lenguaje más asequible, encargado de las penitenciarías, por cierto vehículos de la presunción gubernamental con certificaciones que ojalá y valieran exclusivamente el papel en el que están expedidas. La empresa Safe It, instrumento de este funcionario coaligado con el exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Luis Carlos Cordero, tiene qué ver con los negocios negros que están atrás del suceso del 5 de octubre en el que perdieron la vida en la presa El Rejón 9 personas y un alto número de lesionados. No es, por cierto, la única empresa, también se habla de otras dos (Prosesa y Multi Asesoría de Servicios), dedicadas a la limpieza de oficinas y otras labores muy típicas del outsourcing. Un sector de la prensa escrita ha abierto el escándalo y es de esos que provocan una reacción de indignación pública contra funcionarios cuyas conductas se equiparan al abuso del poder; no olvidemos que éste dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. No me resigno a que esto es literatura y por tanto se debe ir al fondo de lo que hay en este delicado caso.

Una característica de estos sucesos es que brotan así: cuando menos se piensan, ya todo mundo los está discutiendo; desgraciadamente, en sociedades como la nuestra, tienden a hacer más hojarasca que contenido sólido. Recuerdo que en Italia el proceso que se llamó tangentópolis, toda una corrupción descomunal, terminó por abatir a toda una clase política corrupta y una partidocracia insultante. El notable jurista Luigi Ferrajolli no ha dudado en reconocer el mérito histórico a los magistrados que lograron rehabilitar el principio de subordinación del poder público a la ley.

La gran diferencia que tenemos con ese país y otros de su nivel, es que en ellos sí hay poder judicial, jueces, magistrados, no como aquí, donde el Poder Judicial es una caricatura con la que puede jugar a placer el gobernador, a grado tal de que para hacerse notar impone al presidente mismo, luego de haber asumido el control del resto de las instituciones. A esto se le llama patrimonialismo y se ve reflejado en esa dualidad en la que el hombre de negocios se traslapa al funcionario público para hacer reinar sus intereses privados. Cómo podemos creer que el dueto Eduardo Guerrero-Luis Carlos Cordero y una simple empresa de seguridad, que se ve más de fachada que otra cosa, sea la encargada de proteger la Feria de Santa Rita, el Vivebús o lo que queda de él, la presidencia municipal de Chihuahua, más lo que se acumule. Eso sólo es factible cuando el crimen se instala para hacer de las arcas públicas el más munificente negocio.

Hay que ir a fondo, demostrar que hay músculo ciudadano para que no continúe todo este despropósito. Hasta ahora la corrupción se ampara con su hermana gemela: la impunidad. Por eso, cuando escribí un libro sobre Patricio Martínez García, al borde de convertirse en senador de la república, dije que el crimen sí paga. En otro abordé la afición a esta maldad. Las raíces de esta impunidad están en la inexistencia de una auditoría y fiscalización públicas reales, porque el Congreso del Estado es una oficina de sello; la Auditoría Superior del Estado está encargada a un amigo, correligionario y paisano del cacique mayor, porque no hay ni balanzas ni contrapesos y, por tanto, se está en presencia de una total ausencia de separación entre negocios privados y negocios de Estado. Esto es lo que está atrás del escándalo Safe It, y tengo para mí que no es más que la simple punta de un iceberg, porque la corrupción en Chihuahua tiene dimensiones colosales y tentáculos y cómplices por todas partes.

Cuando hurguemos a fondo develaremos el por qué el secretario de Hacienda trabaja por las mañanas en el estado y por las tardes en un banco, apalancado desde el poder; el desbarajuste del Vivebús; las obras de relumbrón; los parques lineales, y tantos y tantos negocios con los que unos cuantos acumulan riquezas enormes, seguros de que vivimos en el país del “no pasa nada”, justamente porque existe un monopolio de las decisiones públicas, que se toman con una discrecionalidad absoluta y nadie las fiscaliza para los efectos de acusar y castigar a los delincuentes que se aprovechan de su estatus posicional en el gobierno para enderezar las cosas en su beneficio y exclusivamente en su beneficio.

El asunto reclama investigación y justicia, y si no, la justificación para una rebelión ciudadana. Cuando hay tribunales, hay acusaciones, pruebas y sentencias. En mi fuero interno estoy convencido, y así lo dije la semana que concluye, que Eduardo Guerrero es un publicano en apuros, uno más de los que recauda tributos para César Duarte, pero sin tribunales puedo correr con una suerte cuyos polos son el del profeta que dice toda la verdad, aunque incomode, o un simple calumniador. Y en mi circunstancia están otros, precisamente porque no hay puertas a dónde ir a tocar para que se haga justicia, ni magistrados como los de Milán, que con sus investigaciones y fallos defenestraron a toda una clase política partidocrática que tuvo en el hartazgo total a la república italiana, y dentro de ellos lo mismo a la democracia cristiana, los socialistas, los radicales y los comunistas. Suena a canallada que el fiscal, Jorge González Nicolás, diga que es un “tema personal entre particulares”, y a demogagia la cantaleta duartista de que “nadie está por encima de la ley”.

Sé de las enormes dificultades que hay en este país para combatir la corrupción, porque la misma es una estructura de poder. Pero también sé que si no se abren los canales para ventilar estos asuntos, el agua se estanca, se pudre y tarde que temprano estalla en rebelión ciudadana. Como se acostumbra decir en estos casos: hay mar de fondo y asistimos al ocaso de un gobierno corrupto y corruptor, como lo demuestra el hecho de que sus ahijados anden en boca de todos, en eso que los españoles llaman escándalo cuando quieren decir corrupción.