Derrumbe en la Ciudad Judicial: necesaria una explicación a fondo
El reciente derrumbe en el auditorio de la llamada Ciudad Judicial merece que se le ponga una atención pública especial. No es el primer incidente de esa naturaleza, ni el único que de otras índoles se pueden registrar para valorar los fraudes y la rapiña de la época Duarte en Chihuahua.
Sabemos que ninguna obra pública, en aquel entonces, estuvo exenta de corruptelas mediante las cuales fondos públicos fueron a parar a manos de particulares que medraron, impunemente, del patrimonio de los chihuahuenses.
Ahí encontramos, ahora, desde elevadores que no funcionan, vidrieras que se desploman y zozobra entre quienes laboran ahí y los usuarios de los servicios judiciales que se sienten en riesgo de padecer percances lesivos a sus personas e intereses. El reclamo para certificar la seguridad se impone como una medida preventiva, y antes de que puedan suceder cosas mayores. Eso está en el interés de todos, sin duda.
Un poco más abajo, desgraciadamente, están las interrogantes sobre la corrupción. El techo que colapsó por una fuga de agua nos habla de un segmento de la edificación a cargo de una empresa denominada Ingeniería y Diseño Van, de Jorge Rodrigo Valles Morales, que ante el impago de sus créditos por parte del gobierno del estado, decidió hace tiempo llevar el caso a los tribunales, contratando a tres prominentes panistas para que patrocinaran la causa: Antonio Lozano Gracia, Arturo Chávez Chávez y Cesar Jáuregui Robles, actual Secretario General de Gobierno en la administración Corral del estado. Se supone que Jáuregui Robles declinó su intervención particular, pero su sociedad en el bufete, sus filias y partidarismo político abren, al menos, una sombra de duda de su imparcialidad, por el evidente conflicto de intereses.
Se trata, ni más ni menos, de exigir una explicación pública, ya que el reclamo puede alcanzar un pago de hasta 130 millones de pesos, que no sabemos si ya se hizo, si se tuvo verificación de la ausencia de corrupción en la operación de la constructora, si se hicieron los peritajes para acreditar el mejor cumplimiento en la realización de la misma, que hoy con el derrumbe se advierte ausente.
En fin, son muchas las preguntas y muy sensible y delicado el problema. Sabemos que estas interrogantes raspan la ya de por si sensible epidermis de la clase gobernate instalada en el gobierno corralista. Ni modo: aguanten, o pónganse pomada de La Campana.
