Jaime Herrera Corral: ¿por qué?
Escoltaré este texto con una serie de frases que considero, objetivamente en los hechos, válidas, con independencia de mi simpatía y desafectos con ellas. Todo gobierno que se decide a procesar penalmente a los corruptos escoge una estrategia, no hay un modelo universal y la experiencia internacional así lo demuestra. El más alto grado de dificultad se ubica en referencia a los más encumbrados políticamente y que son beneficiarios de la impunidad (César Duarte es un ejemplo de esto). Hay limitaciones que no se pueden soslayar en el orden normativo, sobre todo cuando está vigente la presunción de inocencia y las modalidades garantistas del Código Penal, de Procedimientos Penales y el monto de las sanciones y se espera que haya escarmiento en las personas que traicionaron los intereses de la sociedad. Cuando el gobierno emplea la lucha anticorrupción como mecanismo de legitimación secundaria (no electoral por la cuantía de votos) se coloca al filo de la navaja y cualquier resbalón le puede generar un descrédito mayúsculo, más allá de que haya hecho el mejor de los esfuerzos porque hay otras intervenciones jurisdiccionales que tienen la última palabra, en este caso el Poder Judicial de la Federación, que suele ser lento y en ocasiones errático. En fin, podría engrosar varas cuartillas con frases de esa índole, pero las dejo como simple sugestión para una reflexión posible.
Hablando de estrategias y los modelos internacionales, abundantemente estudiados por politólogos y juristas de varias latitudes, también existe una frase consagrada: “hay que barrer la escalera de arriba para abajo”, desde luego siempre que eso sea factible, ya que los corruptos suelen tener muchos medios para evadir a la justicia y los que están abajo suelen ser los más vulnerables. En el caso de Chihuahua, no me detengo a especular sobre la causa, se escogió un camino inverso: hoy están bajo proceso y en prisión agentes de César Duarte que por más que los inflemos de helio político para elevarlos no son otra cosa que segundones, delincuentes claro, pero segundones. El haber empezado por ahí quizás hipotéticamente es lo que se pudo hacer para la apertura del combate.
Aquí un pero indispensable: mientras un par de altos exfuncionarios no sean sometidos al poder punitivo del Estado para que se les castigue ejemplarmente, subsistirá la insatisfacción, producto de la arraigada convicción de que el régimen de impunidad es infranqueable. En otras palabras: mientras César Duarte Jáquez y Jaime Herrera Corral no estén en prisión, la conclusión es que la batalla no está definida. No niego que se haya avanzado en el caso del tirano sexenal: cuenta en su haber con una orden de aprehensión y está boletinado a todo el planeta y gozando de una libertad en calidad de prófugo. Se supone que ha evadido la territorialidad mexicana y hasta se especula sobre su ubicuidad. Todos esperamos, tarde o temprano, que caiga en la red, que puede ser federal o estatal, para efectos de acumulación de causas penales sería lo mismo, quizá a lo sumo si queda en el ámbito federal pueda gozar de una buena celda, equipada con Netflix y una buena dotación de botellas de vino tinto Petrus y hasta chocar la copa con su señora esposa, que es evidente cómplice. Eso está por verse y quiero decir que soy optimista en torno a lo que se hace.
Pero aquí llego a lo que quizás es la miga de esta entrega, desde luego con toda la mala leche que Don Daniel Cosío Villegas recomendó para todo buen editorial: ¿qué pasa con Jaime Ramón Herrera Corral, el agente duartista para crear el Banco Unión Progreso con apoyo en las finanzas públicas y que como secretario de Hacienda del grotesco cacique desvió enormes depósitos para lograrle una estatura de banco y obtener sanciones aprobatorias en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?, ¿cómo podemos creer que este agrónomo encumbrado por el duartismo a la secretaría mencionada se pasee por las calles de Chihuahua absolutamente despreocupado, que comparezca al templo a dar el pésame a la virgen María por la muerte de su hijo en el Gólgata, y a la vez sus subalternos desviaron cientos de millones de pesos a los negocios de Duarte de los que se finge este cínico funcionario no estar enterado? ¿Testigo protegido?, ¿acuerdos de oportunidad?, ¿rebautizado con una simple clave para que nadie sepa su identidad? ¿Qué pasa?, ¿por qué tanta indulgencia?
Si nos atenemos a los preceptos de orden público marcados, en tono inequívoco, por el Código de Procedimientos Penales de la República, no queda otra salida que perseguirlo y enjuiciarlo, porque por mucho que informe para la indagatoria no se salva de haber incurrido en hechos que lesionan gravemente el interés público, de toda la sociedad, de toda la gente. Cada segundo que pasa Herrera Corral en libertad, es un segundo más de impunidad. No hay razón alguna para que sobre este tema esté ausente un pronunciamiento puntual del gobierno de Javier Corral Jurado. Herrera ya fue señalado de muy diversas maneras por el índice de la sociedad, nada de lo que se hizo durante el saqueo de los últimos años está fuera de una multiplicidad de conductas antijurídicas atribuibles a la voluntad del exsecretario de Hacienda. Nada, exactamente nada. Ni la compra de las maletas para empacar el pago a los 22 diputados locales a los que también se les debe procesar.
Insisto, hay de estrategias a estrategias, supongamos que está fuera de dudas y que todos podamos aceptar las dificultades para aprehender a César Duarte, desde su huida al extranjero hasta la complicidad de Enrique Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón, pero lo que no se entiende de ninguna manera es por qué el número dos de la corrupción, el de la inteligencia para el fraude, el conocedor de los mecanismos de instituciones financieras goce de una libertad que a todos nos ofende. Cada día que los ciudadanos tropiezan en la calle con Jaime Herrera Corral se sorprenden y más allá de quedar perplejos, no pueden explicarse esto sin que les venga a la cabeza el concepto impunidad otorgada por quienes teniendo la ley como mandato y supuestamente la buena ética como conciencia, no actúan conforme a la conducta obligada y debida. Nada justifica administrar el tiempo y prorrogar la justicia.
Jaime Herrera Corral: queremos saber los porqués.
