En el discurso, los planes del director de Vialidad, Carlos Reyes, parecieran de ensueño, pero cuando se leen entre líneas sus declaraciones en torno a lo que supone el mejoramiento de vialidades como el Periférico de la Juventud, la conclusión resulta francamente devastadora: los ciudadanos comunes y corrientes no tienen derecho a la ciudad.

El ultraconservador ingeniero ha dicho que desde que se inauguró aquella vialidad su flujo vehicular promedio estaba previsto para 300 automotores por hora, pero que hoy circulan 3 mil en el mismo lapso. Es una arteria congestionada, como hay otras en la ciudad. El punto clave está en las soluciones que proponen y que, una vez más, deja como ganadores a los dueños de la ciudad.

Me explico: las obras que Carlos Reyes pretende llevar a cabo para solucionar el congestionamiento vehicular en varias avenidas de la ciudad, se basa en la construcción de más puentes y utilizara a la Tecnológico como salida alterna.

De la historia reciente, tal y como sucedió por ejemplo con arterias como La Cantera, tenemos que los ganones son los mismos de siempre, las familias constructoras de la ciudad, como los Elías, de CTU, que el gobierno recurrentemente los apalanc con el mismo propósito y se quedan con los recursos fiscales destinados para obra pública.

Si los comportamientos éticos de la clase política estuvieran al día y si la participación ciudadana fuera realmente efectiva, tendríamos entonces que decisiones e inversiones directas tendrían que pasar antes por alguna especie de plebiscito. Es decir, se revertiría el fenómeno discrecional, porque la ciudadanía, los automovilistas, los peatones, son los únicos que no deciden cómo hacer uso eficiente de su ciudad donde los verdaderos dueños de la urbe determinan todo al respecto. Eso, sin contar con que la periferia que alberga colonias menos pudientes no figuran en los planes urbanísticos, acaso beneficiarios de lo que en mi pueblo llaman los cunquis del café. O sea, las sobras.