Finalmente Jesús Esparza dejó, a querer y no, el cargo de Auditor Superior que indebidamente se le confirió por César Duarte y una legislatura lacayuna como la que encabezaron Enrique Serrano y deslavados grupos parlamentarios, particularmente el claudicante Acción Nacional. En realidad el hecho no constituyó una noticia porque ya se daba por sentado que se iría de vacaciones forzadas y, ojalá, a encarar las responsabilidades en las que incurrió.
Ahora lo apremiante es quién va a llegar. Se trata de un puesto importante para la transparencia y la rendición de cuentas que formalmente está en manos de una legislatura mayoritariamente panista y un gobierno del estado del mismo signo y que con hechos, en la esfera que me ocupa, mostrará su afán o ausencia intervencionista. En las transiciones del tipo de las que hemos tenido en Chihuahua, sabemos a ciencia cierta que estos problemas se arreglan por “parlamentos”, sobre todo para buscarle comodidades a quien más poder tiene por contar con mayor presupuesto, como lo es el Ejecutivo del estado, hoy en manos de Javier Corral Jurado.
En los principios, parcialmente contenidos en la legislación, el asunto es muy sencillo; en la mezquina realidad, bastante complejo. Los órganos de control –auditoría y fiscalización– han de estar en manos de profesionales ajenos al interés de facción, de partido o particular para impedir el sesgo de sus dictámenes. Dicho en el argot propio de este medio, el controlador debe ser diferente del controlado, el auditor del auditado; en parte porque eso permite el despliegue profesional de contadores, fiscalistas, hacendistas y abogados, que no encontrarán a su paso trabas que no puedan superar. Cuando es el amigo, el correligionario, el compadre, el compañero de logia o de partido, su trabajo no genera confianza alguna, aun en aquellos casos en que está bien hecho el trabajo.
La exigencia ciudadana y la palabra empeñada obligan a nombrar a un auditor real, apegado a los estándares internacionales recogidos sabiamente por INTOSAI. Es inaceptable cualquier argumento –incluido el eterno de la gobernabilidad– que no se dé una decisión óptima en los próximos días. En la coyuntura, el asunto Riggs demuestra la sensibilidad social en estos temas, y es escalofriante que se mencione al mismísimo Juan Blanco Saldívar para un eventual desempeño del cargo. No creo que esté en esa tesitura, pero no pierdo la oportunidad de recordar una especie de refrán muy común en la España contemporánea: sería como “amarrar al perro con longaniza”. Es un tema que dará materia para esta columna; calentamos la computadora.
El enígma del próximo auditor, es muchos enígmas: las de su vida intima, privada y pública. La de su curriculo profesional, laboral, académica, intelectual, social. médica y penal. Entre todos ellos ninguno encenderá más controversias que el de sus relaciones con la jerarquía politica, económica y de paso con la eclesiástica. Es una discusión que empezó hace algunas décadas. Décadas que no han sido suficientes para depurar a los hampones,
compadres y madrinas que no ponen fin al proceso que como la niebla obscurece lo que por urgencia inmediata debe ser la ética de la transparencia y la rendición de cuentas. La honestidad y la legalidad deben ser los escrutadores imparciales que libremente elijan al que sea, o a la que sea garante de un quehacer que no deje dudas y mucho menos sospechas. De lo contrario que el pueblo se lo reclame. Hoy los tiempos son de tiento y el boyo no esta para hornos que lo que menos desean es alabanzas, traiciones y desviaciones subordinadas al mareo de los nefastos.