Unión Ciudadana: resultados y perspectivas

Este 28 de noviembre Unión Ciudadana cumple dos años de vida. La iniciativa para crear la organización fue lanzada el 24 de septiembre de 2014 en una reunión pública a la que asistió buena parte de la prensa de la ciudad de Chihuahua y se dijo que sería un brazo cívico para darle impulso a una lucha social contra la corrupción política del gobierno de César Duarte Jáquez. El antecedente inmediato es muy conocido: se había instaurado una denuncia penal en la Procuraduría General de la República que luego se sustanció como un expediente fundacional que hoy se reconoce bajo estos datos: AP/PGR/UEAF/001/2014-09, que coloquialmente designa el escándalo Unión Progreso al que se asocian dos figuras públicas más, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga, el primero como orquestador de la creación del Banco Progreso, del cual es accionista confeso y secretario de Hacienda durante gran parte del cacicazgo duartista; el segundo, como funcionario de menor rango pero indiscutiblemente testaferro, y hoy, para cubrirlo de impunidad, diputado federal por el Distrito con cabecera en Parral.

La sola presentación de la denuncia liberó grandes fuerzas en contra de la situación existente en Chihuahua, por lo que hubo una etapa de ascenso que concluyó precisamente el 28 de noviembre con una estupenda asamblea inaugural en el Auditorio Municipal de la capital del estado en la que intervinieron Víctor Quintana Silveyra, Francisco Barrio Terrazas, Javier Corral Jurado y el que esto escribe, además de un ramillete de ciudadanos de varios municipios y los conductores del acto, Laura Lee y Víctor Bueno, que tuvieron que sortear la provocación de porros infiltrados.

A partir de ahí nos percatamos de bulto que la lucha no sería fácil, que se trataría de llevarnos al terreno de la violencia, no obstante que la exigencia popular se diseñó a partir de los principios de la no violencia, el abanderamiento y apuesta por el derecho y, eso sí, el desafío a las instituciones para que accionaran todas las medidas conducentes a castigar a los corruptos, desentendiéndose de su poder e influencia políticos. Hemos visto pasar en la titularidad de la PGR a tres procuradores: Jesús Murillo Karam, que cayó pronto por los sucesos de Iguala; Arely Gómez, que se encargó de darle largas y largas al asunto, permitiendo que se abultara un expediente que de manera breve podía confeccionarse. La señora hizo que hizo y al final no hizo nada y sus promesas quedaron en un engaño más de los muchos que ha habido. Hoy, la importante institución la ocupa un priísta redomado, abogado militante de su partido que llega en las postrimerías del peñanietismo, más con el ánimo de cubrir espaldas que de buscar sanear las instituciones de la nefasta corrupción.

El resultado que tenemos es una lucha desigual, como todas las que tienen que ver con el combate a la corrupción política. A un tiempo, sucesiva o combinadamente, quienes emprendimos esta lucha hemos sufrido la amenaza, la censura, la difamación, la calumnia, ver violentados nuestros derechos a la manifestación pública, la agresión física directa. Hemos estado en situaciones límite, pero nuestro compromiso con la no violencia se ha mantenido incólume. No está de más subrayar que la mismísima CNDH se ha arredrado ante el duartismo y no ha resuelto absolutamente nada en torno a la Queja CNDH/2/2015/6207/Q mediante la cual documentamos de manera inobjetable la agresión de los porros de Duarte contra una asamblea pública de Unión Ciudadana convocada de manera legal y pacífica el 28 de febrero de 2015. Pudiéramos estar, por lo dicho, con los elementos necesarios para decir que apostar por el derecho no sirve para nada, pero no lo hemos hecho ni lo haremos; en todo caso, que se documenten los agravios por la omisión gubernamental para que en crisis mayor queden como antecedentes de un reproche más grande contra la incuria oficial que protege la corrupción a través de patrocinar la impunidad.

Hablando de resultados, hay uno muy importante: un puñado de hombres y mujeres continuamos en la lucha; no cejaremos, no nos rendiremos, llevaremos nuestros planteamientos hasta el final de nuestro aliento. Estamos decididos a demostrar que así como a México le falta una ciudadanía sustantiva, a Chihuahua, con esta lucha, ya empezamos a ponerla en presencia. Es la ciudadanía a la que se refiere el pensador Enrique Gomáriz Moraga cuando nos describe –cito de manera libre– a las personas que se apropian de los derechos fundamentales para usarlos y para emprender, decidir y elegir soluciones colectivas. Se trata de las personas que tienen un discernimiento básico en términos políticos y además se informan del funcionamiento del sistema en que viven. Ciudadanía sustantiva es, pues, el segmento de la población que se manifiesta de manera crucial para el funcionamiento democrático, y así, de esta forma, se convierte en una abundante ciudadanía que suele ser la base de las democracias maduras y consolidadas. Eso, precisamente, es lo que quiere hacer Unión Ciudadana en Chihuahua.

¿Hay resultados? Por supuesto que sí: baste señalar que entre otros muchos factores de mayor o menor importancia, el fruto electoral ciudadano del 5 de junio pasado no deja dudas de la derrota de una tiranía corrupta y corruptora, que a su tiempo fue condenada a morder el polvo, aunque ahora con muchos menores recursos continúe lanzando sus desafíos, pues aún está enquistada en algunas esferas de la administración y con inocultables ramificaciones de poder político y económico. Pero la tirada esencial de Unión Ciudadana de lanzarse a tiempo a un combate aparentemente desigual, produjo bienes por los que la ciudadanía siente orgullo, lo que no debe ser motivo de regodeo ni de retiro a las zonas de confort. Hay muchas luchas pendientes y sólo esa ciudadanía sustantiva puede ganarlas. Pensar que la elección dictó una delegación de tareas al gobierno y a la vez vacaciones a la ciudadanía, sería un craso error y se convertiría en la mejor oportunidad para que tarde o temprano regresaran los traidores a la Constitución y al pueblo.

Por eso, el momento impone balances y trazos de nueva perspectiva. Vaya otra pregunta: ¿Vamos a estar inmóviles y pacientemente esperando a que el compadre de Duarte, Raúl Cervantes, se compadezca de los chihuahuenses y consigne ante los tribunales, con solicitud de orden de aprehensión, a los corruptos del gobierno anterior? Para mí la respuesta es obvia. Todo indica que de allá, del centro de la república, no hay voluntad política para cumplir con la ley; hacerlo para ellos significa suicidarse, tomar un veneno aniquilador del régimen de impunidad y corrupción.

Por tanto, se impone reflexionar el inicio de acciones de todo tipo, pero principalmente penales, en contra de quienes saquearon el erario de Chihuahua, destruyeron el entramado institucional del gobierno y hoy gozan plácida y despreocupadamente de su impunidad. Si se trata de barrer en la corrupción, de inicio refrendamos la convicción de que se debe barrer de arriba para abajo. Y por lo pronto hay una tercia a la que si no se le juzga por sus faltas, la insatisfacción ciudadana será creciente y se considerará traicionada en su voluntad y en sus ideales. Como muchas veces en la historia del país, que lo que no venga de la capital central hacia acá, que transite de aquí para allá y se imponga para vergüenza de los canallas que encabezan la república. ¿Comenzamos? No, simplemente continuaremos y tocaremos puertas que no podrán decirnos que carecemos de razón y derecho, y mucho menos que no están dispuestos al giro que esta batalla ha de emprender para triunfar.