La corrupción no es novela de folletín
Llegó el 4 de noviembre, justo el día de San Carlos Borromeo, y recibimos la noticia de que la peste de la corrupción duartista continúa invicta. Se generaron artificialmente grandes expectativas y los resultados, objetivamente, son más que magros. En pocas palabras, no se fue más allá de lo que ya saben los que están medianamente informados de la última era priísta de Chihuahua, que arranca con Patricio Martínez, sigue con Reyes Baeza y concluye con la desmesura tiránica de César Duarte. En realidad, lo que vimos en escena es un deficiente modelo de presentación de la corrupción política, un mellado filo institucional con el que se cuenta para combatirlo y no la inequívoca voluntad de ir a fondo, con la Constitución en la mano.
No olvidemos que en ocasiones la lucha anticorrupción se decanta por socializar públicamente un problema como algo individual, perdiendo el aspecto sistémico (estructural) y derivándose hacia una especie de lujo en el que nada cambia mientras se da la solemne impresión de que se buscan transformar nefastas realidades. Cuidado. En la teoría y experiencia internacionales hay todo un conjunto de lecciones que pudieron haberse aplicado para salirse de un esquema en el que simplemente se anuncian capítulos venideros, algo así como hacer de la política una novela de folletín, es decir, por entregas.
Si bien el onomástico de Borromeo –dicho sea de paso de él me acuerdo por ser el nombre de mi padre– lo encabezó aquí Gustavo Madero para dar peso político al evento, ello constituye una manera informal que sacó de cuadro a la secretaria del ramo, Stefany Olmos, la real y sobre todo formalmente responsable de este quehacer gubernamental y que se limitó a dar lectura a dos o tres cuartillas. Ello no es bueno porque se canaliza por agencias informales lo que tiene cauces institucionales; pero esto es lo de menos en un sistema en el que el titular del Ejecutivo actúa por conducto de sus secretarios que sólo son responsables ante él.
Reafirmo que lo que se dijo ya lo sabíamos. Lo evidenció el obvio estilo de los funcionarios que dieron la cara, largamente desdeñado, por otra parte, por los científicos sociales y juristas que se han ocupado de este cáncer político. En esta bochornosa ecuación, cuando hubo monopolio de las decisiones públicas en manos de César Duarte, más la alta discrecionalidad en la toma de decisiones, menos la responsabilidad en el sentido de la obligación de rendir cuentas, el resultado es la exuberante corrupción y el caos administrativo de que se sirven para ejercer acciones de enriquecimiento, directo o indirecto, de quienes tienen las posiciones gubernamentales. No es correcto, por tanto, mantener a la sociedad a la espera de información dura, suficiente y confiable y tratar de conformarla seriando los episodios de una película cuyo resultado debe ser, y sin mayor dilación, preparar los expedientes penales para fincar responsabilidades, enjuiciar y sancionar a César Duarte y a sus cómplices, especialmente al que fuera su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral y a su testaferro, hoy diputado federal, Carlos Hermosillo Arteaga.
Lo digo así y en estos términos –quizá se les recrimine de duros– porque no es cierto que haya tolerancia a la crítica, que cuando armé la denuncia que dio lugar al expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 se requirió de discreción, acuciosidad y oportunidad para darle eficacia a la acción; en este caso, una acción individual –cosa que omitió Madero– que me lleva a pensar que, habiendo todo un aparato gubernamental detrás, no haya rendido los frutos que Chihuahua estaba esperando y que quizá lleguen. Pero, insisto, la oportunidad es importantísima y los tiempos en Chihuahua se mueven a una velocidad vertiginosa.
Se ha dicho que un Estado democrático (México no lo es del todo) es el que menos favorece la corrupción, lo que hoy se pone también en duda, pero sobre todo que es en el que mejor se puede luchar en su contra. En esta línea de argumentación, el bono democrático del pasado 5 de junio si no se emplea en el momento que más letal resulte, se va degradando hasta convertirse en simple reyerta de partidos o personalidades, generando el desaliento ciudadano que no tardará en clasificarlo como un acto fallido más, o como los tradicionales ajustes de cuentas entre los miembros de la clase política, así estén enclavados en diversas organizaciones.
En este momento que se cumplen cinco meses de la derrota de la tiranía, aún no contamos con una información consistente sobre el estado que nos dejó César Duarte. En primer lugar porque el llamado interregno no se utilizó para abonar a la lucha anticorrupción; y en segundo porque, pudiendo en un mes de administración actuar con selectividad en casos inequívocos, simplemente no se hizo, o al menos no se nos ha comunicado. Y en esto el principio de máxima publicidad es vital.
Me llamó la atención el tiento con el que Gustavo Madero se refirió a César Duarte. Tal conducta es preocupante, y si la adminiculamos con otros sucesos, se percibe –ni modo, en esto sí se percibe– que se está intentando una ruta de evadir un conflicto que en más de un sentido se tiene que dirimir para la derrota de fondo del priísmo corrupto y corruptor. Entiendo que cuando se abordan estos temas por los gobernantes, los dilemas saltan de la realidad al cerebro, y que muchas veces conducen a la dubitación, a la perplejidad y aun a la parálisis. Ninguna de estas eventualidades sería admisible en las tierras de Chihuahua, donde el fermento anticorrupción lo único que requiere es de iniciativas para vertebrar a la ciudadanía en favor de un viraje que puede ser histórico para la nación. En estos trayectos los líderes se pueden perder, presas de su enajenación. Es una historia con muchos, muchísimos capítulos.
No desconozco que hablo de un tema que requiere de tiempo, tampoco regateo que se esté intentando construir algo mayor, mucho menos que las deficiencias en el ámbito del derecho vigente existen para un combate de fondo contra la corrupción. Para encarar esto se requiere de una habilidad en el liderazgo que combine política y derecho, operación con resultados y cero rounds de sombra. Obviamente no estoy sugiriendo iniciar una etapa de lucha de adversarios con afán exterminatorio de los oponentes; simplemente afirmo –y no es poca cosa– que el encausamiento penal de los responsables del saqueo financiero, la quiebra y la depresión que padece Chihuahua, paguen por sus crímenes; que se tenga la sagacidad de seleccionar esos crímenes, aun a riesgo de que otros menores (no es lo deseable) queden fuera, pero que se marque una frontera entre el presente que arranca y el pasado ominoso que no acaba de irse.
Es una verdad sabida que la capacidad para mover las instituciones políticas equivale a la necesaria capacidad para crear intereses públicos, como lo ha sugerido un experto estudioso del orden político en las sociedades en transformación como la nuestra. Pero tengo para mí que no se avanza por esa senda con lo que vimos, escuchamos y analizamos este viernes de San Carlos Borromeo.
Porque –y así lo demuestra la vida de ese santo– la peste es mortal; y la de la corrupción, no se diga.
