Por decir lo menos, en este momento prácticamente se justifica cualquier suspicacia sobre el flujo de dinero público en empresas sociales de carácter privado, como fuego en la gasolina que flota en el ambiente enrarecido de la situación política de Chihuahua. La percepción generalizada hoy es que las instituciones, cualquiera que sea su denominación u objetivo, no contribuyen a aliviar el malestar en la sociedad. Y así, por ejemplo, podemos encontrarnos con que el fideicomiso equis terminó en manos privadas del gobernador; que el presupuesto social contribuyó a evadir los impuestos de tal o cual empresa que ni siquiera paga sus respectivos impuestos ante Hacienda… y así sucesivamente.

Por ejemplos no paramos en el territorio que un cacique como César Duarte se mandó diseñar, con dinero público, a su imagen y semejanza, y que además lo ha practicado con el soporte confesional de un clero que se ha hecho de la vista gorda ante los pecados del autoritario consagrado.

Pero, incluso, más allá de la credibilidad que estas instituciones deban imprimir a sus acciones, sus propósitos, en el fondo, son poco transparentes, ya no en términos financieros, sino en el supuesto carácter social con el que se arropan para mantener algún ideario conservador, que en los plazos perentorios de la historia terminan volcándose contra los intereses humanamente irrevocables de las personas. Para la izquierda mexicana, el arquetipo por antonomasia de este tipo de agrupaciones “sociales” es ProVida, cuya discusión por su quehacer es harto controvertida, pero que desde la óptica de la irrupción en las vidas de las mujeres, precisamente en ellas, ha sido material e intelectualmente violenta y manipuladora.

De modo que, a estas alturas de la transición de poderes en el estado, es muy fácil que pase desapercibida –a pesar del tamaño de la plana completa divulgada hoy en El Heraldo por la Junta de Asistencia Social Privada de la Sedesolita de Duarte– la asignación de dinero público a 180 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), de entre las cuales al menos 37 están identificadas con el clero católico y las empresas con filias religiosas de ese corte. Por supuesto no se revelan cantidades. Pero en la larga lista hasta agrupaciones de origen extranjero tienen su “subsidio económico (anual) para gastos de operación”, según se lee en la inserción pagada por el gobierno estatal a punto de abandonar el barco.

La imagen puede ser más simple y la aportan cotidianamente los consumidores en el supermercado o en la calle: a tiro por viaje les piden “redondear” el pago de la mermada despensa y se les lanza publicitariamente la alerta de que no hay que apoyar a los indigentes en los cruceros. Incluso hasta les proponen votar por candidatos políticos “independientes” que en actos teatralmente hipócritas destruyen los cheques de dinero público para sus campañas. Estos llamamientos suelen provenir de los mismos que reciben dinero público para sus organizaciones; o como dicen en mi pueblo, de los que viven de la mendicidad de alto nivel en México: del erario, que es más rentable.