En medio de un levantamiento ciudadano, la tiranía fue noqueada; “mordió el polvo”, como se dijo en algún momento de la larga batalla. Ahora el tema es cómo desmontarla para corresponder íntegramente al poder ciudadano que se expresó el domingo 5 de junio en las urnas. Pienso que se abre un largo periodo de cuatro meses al que podemos denominar “el interregno”. Formalmente puede seguir el tirano y sus cómplices al frente de las instituciones, pero ellos han violado sistemáticamente la ley y los principios que dan sustento a la Constitución y no merecen continuar en sus cargos. Ese interregno, esos cuatros meses, las instituciones deben ser encabezadas por un gobierno de transición que prepare la entrega, porque no hay tiempo que perder.

Hoy todo puede suceder: que Duarte huya, que sus secuaces se escondan, o que al abrigo de una ley que nunca respetaron le den un uso indebido a toda la documentación que tienen en sus manos para dificultar grandemente la instalación de un gobierno que ha de responderle a Chihuahua en todo lo que tiene que ver con combate a la corrupción, la impunidad, que están atrás de la edificación de una sociedad democrática como la que hemos venido planteando desde hace varios años.

En otras palabras: César Duarte se debe ir. Se debe ir ya. Sus cómplices, ser destituidos, y están en todas partes: en la administración central, en el Congreso, en los municipios, en los órganos constitucionales autónomos y en el Poder Judicial del Estado.

Expedientes de corrupción documentada que se han originado en España agravan la estancia de Duarte en el cargo.

Le exigimos a la procuradora general de la república, Arely Gómez, ejercite la acción penal ya contra César Duarte, Jaime Herrera, Carlos Hermosillo y los que resulten, en la causa penal AP/PGR/UEAF/001/2014-09. De no hacerlo, quedará evidenciada la colusión y la obstrucción de la justicia en un escandaloso caso que los ciudadanos repudiaron durante la elección del 5 de junio. Y de no hacerlo a la brevedad, acudiré a la justicia federal, mediante el juicio de amparo, para que le ordene a la PGR lo que procede conforme al derecho y la justicia

Por un gobierno de transición que le de el tiempo suficiente a los electos (gobernador y Congreso) para iniciar la etapa que los ciudadanos mandataron.