Nunca como en estos días se han visto dos cosas en el estado de Chihuahua: la descarnada lucha por el poder y desde luego la riqueza que ofrece vía la corrupción política; y por último, pero no en último lugar, el sentido patrimonialista del poder político.

Sabemos de cierto quiénes aspiran a la gubernatura de Chihuahua, se reconocen obviamente las patadas por debajo de la mesa, la proliferación de mensajes absolutamente banales y lo faccioso de las pretensiones, porque en la época postduartista que está a la vuelta de la esquina, queda claro que encabezar o poseer la titularidad del poder Ejecutivo en la entidad vale millones y millones de pesos, lo que nos lleva al anuncio de que la corrupción está tan arraigada que todo lo norma; como se sabe, hasta los jefes de los cárteles de la droga tienen su voto pesado en todo esto.

destapados-pri
Los priístas que pidieron licencia.

Y de los cargos que se supone que la democracia representativa les ha conferido a algunas mujeres y hombres que hoy son alcaldes, senadoras, diputados, funcionarios públicos, ni quién se acuerde. Atrás sólo quedan las huellas de los chapulines. El cargo se posee en una especie de comodato acotado en el tiempo, pero sólo para brincar a otro. Mínimo, en los tiempos del patrimonialismo clásico, los cargos y los títulos se compraban; ahora ni eso. A los aspirantes primero se les coloca en la nómina, se les dan munificentes recursos para que sigan en sus vertiginosas carreras para mantenerse en el poder.

Por eso, la lucha por el poder y el patrimonialismo se mueve bajo el estímulo de la corrupción y, también, del fraude a la ley, como en el caso de Héctor Murguía, que ocupó un cargo inexistente y pasó a otro todavía más inexistente. Podríamos decir, ya que nos referimos a este atribiliario personaje, que su posible candidatura bien vale una revuelta, una revuelta en serio.